El punto y aparte de la deuda histórica

Dicen los socialistas que fuera de Andalucía es difícil explicar lo que es la deuda histórica. También lo es en nuestra tierra. En pocas palabras, la Disposición Adicional Segunda de los dos Estatutos andaluces recoge que a Andalucía se le transfirieron una serie de competencias sobre servicios básicos (esencialmente sanidad y educación, aunque se ha incluido la vivienda) sin el dinero que le correspondía, agravado aún más por la situación de retraso de la región con respecto a las otras. Y el Estado lo reconoció al ratificar como leyes orgánicas ambos Estatutos, por lo que son de obligado cumplimiento. Eso es lo fácil, lo difícil es cuantificar y, sobre todo, ser objetivo, algo casi imposible cuando se habla de un incumplimiento reiterado por todos los Gobiernos, manejado políticamente a interés por todos los partidos políticos y que afecta a todas las comunidades, a la financiación autonómica, porque el dinero es de todos, incluidos los catalanes.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, explicará este semana en el Pleno el acuerdo alcanzado el pasado lunes en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Junta de Andalucía, en la que se cuantificó la deuda histórica en 1.204,41 millones de euros, una cifra que si bien es cierto que es superior a los 1.142 millones en los que el Parlamento andaluz cifró esta deuda allá por el año 1996, está muy alejada de los 1.748 millones que la propia Consejería de Economía y Hacienda fijó como máximo de la horquilla de financiación con el Gobierno central.

La propuesta del grupo de trabajo para determinar las asignaciones complementarias establecidas en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía se fundamenta en garantizar la prestación de servicios públicos y competencias transferidas insuficientemente a la comunidad a partir de 1982, un nivel mínimo y equipararlas con el resto de autonomías. Su fundamento jurídico se apoya en los leyes orgánicas, la del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 y en su reforma posterior, de marzo de 2007.

El resumen del estudio cuantifica las asignaciones complementarias teniendo en cuenta la vivienda, que aglutina más de 617 millones del total de 1.204,41 millones que recibirá Andalucía, lo que supone más del 50 por ciento. El resto del montante se lo reparten sanidad (más de 316 millones) y educación (271,2 millones).

En el suelo de la horquilla

Griñán tendrá que explicar por qué tras seis meses de negociaciones aplazadas (la deuda histórica debía de haber estado cifrada en septiembre de 2008) sólo ha conseguido quedarse en el suelo de esa horquilla de cuantificación. Aseguran desde el Gobierno andaluz que fijar los criterios ha sido muy difícil y más, traducir a números qué debe el Estado a Andalucía por cada cama que faltaba, por cada médico que no había o por cada escuela que tuvo que edificarse desde que se traspasaron las competencias.

Además, queda por concretar cómo se establecerá el calendario de pago, ya que el Estatuto andaluz recoge que deberá estar completamente liquidada antes del 20 de marzo de 2010, lo que se ha derivado a nuevas reuniones de la Comisión Bilateral. Eso sí, el Estado sólo tendrá que abonar, de esos 1.204,41 millones, 784 millones, ya que el primer Gobierno de José María Aznar se vio en la obligación de pagar, como anticipo a cuenta, 120 millones en 1997 porque el último Ejecutivo de Felipe González llegó a un acuerdo casi in extremis en la Comisión Bilateral de 1996 y lo dejó incluido en los Presupuestos, mientras que el pasado año el Estado incluyó otros 300 millones en las cuentas de 2007, también como anticipo.

Como siempre ha ocurrido con la deuda histórica, especialmente desde que se acuñara este término para referirse a la Disposición Adicional del Estatuto en la Legislatura de la pinza (94-96), la confrontación política ha sido parte de su razón de ser. Todos los partidos la han utilizado como instrumento de la guerra política y las cifras manejadas han cambiado sustancialmente dependiendo del momento político, aunque sólo IU se ha mantenido siempre en cifrarla muy por encima de lo que lo hacían el resto de las fuerzas, incluidos los propios andalucistas.

La cifra final de cuantificación no ha gustado a los grupos de la oposición, que no quieren dar por cerrado un asunto que los socialistas pretenden finiquitar definitivamente en 2010, aunque sea por 1.200 millones. De ahí la campaña que van a iniciar para ratificar que lo importante es que se pague y no cuanto, que ya se ha alcanzado un acuerdo y que ha dejado de incumplirse el Estatuto, mientras el resto de la oposición (el PP también tendrá su propia campaña en contra del acuerdo) clama al cielo por lo que consideran una traición a Andalucía, utilizando epítetos como miserable, robo, irrisorio, insulto, ridículo y muchos más para referirse al acuerdo.

 Como todos los contenciosos, cuando hay un acuerdo político se abre la posibilidad de cerrarlo y, dada la mayoría absoluta del PSOE, por mucho que le pese a los partidos de la oposición, las explicaciones que de Griñán en el Pleno serán ya la justificación oficial de la cuantificación de la deuda histórica y del cierre definitivo, siempre que el Estado pague, de 27 años de incumplimientos del Estatuto. Eso sí, la deuda histórica, por mucho que la paguen, seguirá en el argot político andaluz viva para seguir confrontando con el PSOE.

El PSOE propone el voto delegado o telemático en caso de ausencia de diputados

El Pleno del Parlamento también debatirá una propuesta del PSOE para reformar el reglamento de la Cámara que permita facilitar las votaciones en casos de maternidad o paternidad de los diputados, así como en supuestos de enfermedad prolongada, mediante el voto delegado o telemático.

Han sido varios los intentos, tanto en la Mesa de la Cámara como en la Junta de Portavoces, de conseguir un acuerdo sobre esta situación, que encendió las luces de alarma de los socialistas en un pleno celebrado en octubre. En esa ocasión, dos propuestas del PSOE fueron rechazadas por la ausencia de dos diputadas embarazadas, de otra enferma y de Manuel Chaves, que estaba en una recepción del Rey en La Zarzuela.

Días más tarde, la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, instó a los tres grupos a lograr un consenso unánime para abordar una reforma del reglamento de la Cámara, e incluso promover un cambio de la ley electoral andaluza, para que los diputados puedan disfrutar de bajas por maternidad y paternidad sin tener que renunciar a su derecho de votación en los plenos.

A principios de noviembre Coves entregó a los grupos un texto en el que proponía ampliar su propuesta para que un diputado que padezca una enfermedad prolongada pueda ser sustituido temporalmente, pero las diferencias políticas y las sospechas del PSOE de que PP e IU condicionarían su apoyo a que se acometiera una modificación más amplia del reglamento dieron al traste con la reforma.

Las negociaciones entre los grupos no han dado sus frutos y finalmente el PSOE ha decidido presentar una propuesta en solitario.