El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a un año de prisión y al pago de unos 203 euros de indemnización para la mujer acusada de un delito de desórdenes públicos, tras supuestamente llamar a los juzgados de Montilla para avisos falsos de bomba con la finalidad de "obstaculizar" la celebración de una subasta "que le afectaba a ella y a su familia" y que habría de tener lugar en el Juzgado de Instrucción número 2 de la citada localidad.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se da por probado que el día 1 de julio de 2011, la procesada con la citada finalidad realizó dos llamadas desde su móvil al numero de teléfono en el que se atiende al público y al hablar con una funcionaria judicial supuestamente le avisó, "a sabiendas de su falsedad", de la existencia en los juzgados de aparatos explosivos, concretamente bomba, "sin especificar más detalles".
De este modo, el "falaz aviso" fue puesto en conocimiento de los agentes de la Guardia Civil que prestan sus servicios en la entrada de los Juzgados de Montilla, que a su vez pidieron la presencia de la Policía local y la Guardia Civil, de manera que se personaron en el lugar tres patrullas de la Benemérita, así como dos parejas motorizadas de la Policía Local.
Como consecuencia de las llamadas de la acusada, fue desalojado la totalidad del edificio que alberga la sede de los juzgados de Montilla, tanto de personal al servicio como de usuarios, a la vez que se estableció un perímetro de seguridad por las calles colindantes, situadas en pleno casco urbano de la localidad, y por ende quedaron cerradas al tráfico de vehículos y peatones.
Una vez que los agentes de la autoridad realizaron una inspección exhaustiva en todas las dependencias del interior del edificio y comprobaron "la inexistencia de aparato explosivo alguno", se restableció el libre acceso a los juzgados tanto de los funcionarios, como de los usuarios.
En concreto, debido a la acción de la acusada, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Montilla quedaron inoperativos desde las 9,40 a las 10,45 horas de dicho día, con el correspondiente retraso en su actividad diaria, según señala la resolución judicial, en la que se detalla que la mujer realizó la llamada al Juzgado "con la finalidad concreta de suspender la diligencia judicial que le afectaba a ella y a su familia de manera directa".
