La Junta de Andalucía ha pedido hoy en el caso de los ERE fianzas de 1,8 millones de euros y 3 millones para dos presuntos testaferros de empresas que recibieron ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.
En la comparecencia ante la juez instructora, Mercedes Alaya, los dos empresarios se han acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para ellos medidas personales ni fianza de responsabilidad civil, ha informado a Efe fuentes del caso.
Únicamente la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha pedido una fianza civil de 3 millones de euros para José Enrique Contreras y de 1,8 millones para Rafael Ávila, presuntos testaferros de José Enrique Rosendo y José María Sayago, empresarios ya imputados por haber sido adjudicatarios, según Alaya, de 34 millones de euros "concedidos ilícitamente".
Según el auto de imputación, al que ha tenido acceso Efe, Rosendo y Sayago interpusieron en los órganos societarios de sus empresas a "determinadas personas que se habían prestado a ello" y que, en el caso de Contreras y Ávila, realizaron además "funciones de asesoramiento en el ámbito laboral y fiscal".
La juez instructora ha iniciado hoy la toma de declaraciones a 28 nuevos imputados en el caso de los ERE, lo que ha elevado a 199 los acusados.
Ávila, según la juez, se prestó a figurar en los órganos sociales de las empresas Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, Capital Andaluz Siglo XXI, Tierra Virgen Alimentación y Restaurantes Andaluces de Calidad, y Contreras en Arcadia.
La juez, por otra parte, ha accedido hoy a que el exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como "Pizo" Gomez, declare por videoconferencia para acordar sus medidas civiles, dado que reside en Pamplona.
El exfutbolista, que fue jugador del Athletic de Bilbao y del Atlético de Madrid entre otros, está imputado por percibir 460.742 euros de un póliza individual investigada en el caso de los ERE, aunque el afectado mantiene que la Junta recurrió a esa fórmula para pagar a su empresa unos cursos de prevención de riesgos laborales, pero el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica.
La fecha exacta de la comparecencia será fijada más adelante, de acuerdo con los señalamientos de los juzgados de Pamplona, han informado a Efe fuentes del caso.
Alaya ha tomado también hoy declaración a dos directivos de Caja Rural de Granada, imputados por participar en la presunta "instrumentación" de un préstamo para financiar el sobrecoste en el plan de jubilaciones de Dhul.
Según el auto de imputación, para allegar fondos con los que abonar dicho préstamos, se concertó un contrato de seguro que era en realidad "un instrumento de transferencia de fondos realizado bajo la apariencia de un seguro".
Por estos hechos ha declarado hoy Mario Augusto Montecatine, jefe de Seguimiento a la Inversión de Caja Rural de Granada, para quien la Fiscalía ha pedido 140.000 euros de fianza.
Finalmente, también ha comparecido Miguel Ángel Muñoz Germán, natural de la localidad jiennense de Albánchez de Mágina, donde nació el "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, para quien la Fiscalía ha pedido una fianza acorde con lo que habría percibido como "intruso" en el ERE de Primayor.
