Tarde del 17 de septiembre de 2004. Calle Real. Plaza del Rey. La manifestación más numerosa que se recuerda en San Fernando.La vez que más cerca estuvo de desaparecer el sector naval de la Bahía de Cádiz, o quedar herido de muerte para desangrarse en pocos años.
Trabajadores, sindicatos, partidos políticos, comerciantes, ciudadanos en general de San Fernando y de las poblaciones de la Bahía se dieron cita en La Isla para defender el sector naval. Fue un día histórico en el más amplio sentido de la palabra en el que el nombre de la empresa, Izar, se cambio por la Bazán y el no se cierra se convirtió en el grito de guerra de toda una comarca.
En septiembre de 2004 la situación era difícil y se había gestado en los meses anteriores. El 12 de mayo de 2004 Bruselas consideraba ilegales las ayudas recibidas por el sector naval español desde el Gobierno y obligaba a su devolución, una situación que llevaba a la quiebra a una compañía que ya hacía aguas por todos lados al no cumplir los objetivos económicos marcados.
No fue hasta el 16 de diciembre de 2004 que se produjo el acuerdo entre sindicatos, empresa y Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) , única vía para preservar la mayor actividad y empleo dentro de las restricciones que imponía la legislación comunitaria.
Era un acuerdo traumático pero no mortal en el que toda la actividd militar se concentraba en una nueva empresa, Navantia, a la que se permitía trabajar en el sector civil pero con tope del 20 por ciento de la facturación total. Y eso durante un largo decenio.
Decisión traumática pero no mortal, lo que no impedía la amputación de algunos de sus miembros. Los centros de Sestao, Gijón, Manises y Sevilla se quedaban en Izar, segregada de Navantia, que entraba directamente en liquidación.
El Consejo de Administración de SEPI acordó, en su reunión del 18 de julio de 2006, autorizar a la Comisión de Liquidación de IZAR a adjudicar los activos de Sestao a Construcciones Navales del Norte, SL; los de Gijón a Factorías Vulcano, SA y los de Sevilla al Consorcio liderado por Astilleros de Huelva. SEPI dejó desierto el proceso de venta de la fábrica de Manises y decidió su liquidación. Por su parte, la Comisión Europea realizó una continua vigilancia del proceso de venta.
Así hasta ahora.Y durante estos diez años se han venido escuchando las quejas de los representantes de los trabajadores ante la losa que suponía ese acuerdo, limitados prácticamente los astilleros al ámbito militar y con demasiadas rachas en las que el único cliente ha sido la Marina Española. Como la de ahora, para no ir más lejos, amén de algunos encargos de poco calado que no dan para tener a la plantilla ocupada al cien por cien. Ni por asomo.
Diez años no es nada... ahora
Pues bien. ˆLos diez años años se han cumplido. Y lo que no se ha cumplido es lo que también han estado temiendo los trabajadores, que la situación de prorrogara justo cuando la compañía está con el agua más al cuello que nunca. Este pasado martes por la tarde, el actual vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, anunció que “el 1 de enero de 2015 expiran los compromisos de España, entre los que se cuenta la limitación de las ventas civiles de Navantia hasta un máximo del 20 por ciento de las ventas totales como media móvil de tres años, durante un periodo de 10 años”, tal y como fue establecido en una decisión sobre IZAR, predecesor de Navantia.
Tras este anuncio del fin del veto a la construcción civil de buques por parte de los astilleros públicos integrados en Navantia a partir del 1 de enero de 2015, ha sido acogido con satisfacción en la Bahía de Cádiz. Así, el presidente del comité de empresa de Navantia Cádiz y miembro del comité intercentros de Navantia, Juan Bedeli, daba cuenta de la “satisfacción” de los trabajadores por el “cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2004 entre Gobierno, sindicatos y Bruselas” que fijaba el fin del veto a la construcción civil en el 31 de diciembre de 2014.
En declaraciones a Europa Press, Bedeli considera positivo que el acuerdo se cumpla y que no se haya decidido una prórroga del veto. Por ello, confía en que se inicien “de inmediato” las gestiones necesarias para que pueda contarse lo antes posibles con nuevos encargos civiles, paliando así la situación de “inactividad” que atraviesan fundamentalmente los astilleros de Fene y Puerto Real, que han sido los más afectados por dicha restricción.
Por otra parte, apunta Bedeli que el acuerdo alcanzado en su día con Bruselas implicaba, entre otras cuestiones, un tope de plantilla en Navantia, que no podía superar los 5.560 trabajadores en sus seis centros. Considera, por tanto, que el fin del acuerdo afecta también a ese aspecto.
Por ello, entiende que “es momento de sentarse con Navantia y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para analizar este punto, ya que una apuesta seria y firme por el sector naval pasa por una renovación, porque entre savia nueva y gente joven en la plantilla”.
Finalmente, ha resaltado la "escasez" de carga de trabajo existente en el astillero de Cádiz, en el de San Fernando y el de Puerto Real, que está “en paro total”, y confía en que el fin de las restricciones en el mercado civil permita dar la vuelta a la situación.
Alegría empresarial
Por su parte, la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) expresaba igualmente su satisfacción ante el anuncio del fin del veto impuesto por la Unión Europea a Navantia, que ha hecho que en los diez últimos años la compañía tuviera que limitar a un 20 por ciento su facturación por negocios en el segmento civil.
El fin del veto “abre grandes expectativas para los astilleros públicos de la Bahía de Cádiz”, según ha declarado el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, en un comunicado. “A corto plazo, ha indicado, está el tema de los anunciados gaseros, o las plataformas eólicas que podrían construirse aquí, pero, a medio y largo plazo, el anuncio de Bruselas significa que Navantia podrá acudir a cualquier mercado, nacional o internacional, a la búsqueda de pedidos de buques civiles, y no exclusivamente militares”, ha añadido.
Esta noticia “no sólo impacta positivamente en los grandes astilleros públicos, sino también y muy favorablemente, en el sector de las pequeñas y medianas empresas auxiliares, de gran importancia en nuestra provincia”.
En este sentido, el presidente de la CEC recuerda que la patronal que aglutina a las auxiliares, la Femca, “había insistido en reiteradas ocasiones en las limitaciones que suponía el veto, con la restricción que suponía a la hora de poder acceder, en igualdad de condiciones, al mercado de la construcción naval”.
