La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Ana Tamayo, ha presentado este jueves las mociones que su grupo elevará al Pleno y entre las que se encuentra exigir a la Junta que cumpla lo dispuesto en el Decreto Ley que establece que los órganos competentes en salario social "tendrán que resolver motivádamente en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud", algo que en la actualidad "se está incumpliendo de manera sistemática", todo ello ante la "situación de emergencia social" de los solicitantes.
Igualmente, en dicha moción el PP propone que para "una mayor agilidad y rapidez" en la evaluación y resolución de las solicitudes, "teniendo en cuenta la especial situación de necesidad de los posibles perceptores del salario social", instar a la Junta de Andalucía a que convoque las sesiones de la Comisión de Valoración del Salario Social, por lo menos una vez al mes, según establece el decreto de creación del programa de solidaridad. Y es que, "en la actualidad las comisiones se celebran de una manera muy irregular".
Asimismo, apunta que para conseguir "una mayor y mejor comunicación" entre las administraciones implicadas en la tramitación del Ingreso Mínimo de Solidaridad --el salario social--, solicita a la Junta de Andalucía, tal y como prevé el citado decreto 2/1999, que convoquen al Ayuntamiento de Córdoba a las sesiones de la Comisión de Valoración del salario social, al objeto de que pueda expresar cuantas observaciones estime oportuna para "una mejor resolución" de los procedimientos.
Además, para que se pueda poner en marcha el Programa Extraordinario de Inserción Sociolaboral, el PP insta a la Junta de Andalucía, a que "con la máxima urgencia", apruebe la orden reguladora de subvenciones a las empresas de economía social y de inserción, "para financiar parte de los costes laborales de los contratos que se formalizarán con los beneficiarios del salario social y que supondrá la extinción automática del mencionado salario".
Por otra parte, el Grupo Municipal Popular presenta otra moción de apoyo de la puesta en marcha por parte de la Junta de las ayudas agroambientales de la Política Agraria Común (PAC), de manera que pide al Gobierno andaluz que apoye al olivar en pendiente y de baja producción, modificando la actual y vigente orden de agroambientales, de 11 de febrero de 2014, para que "se incluyan nuevos beneficiarios de las ayudas agroambientales, especialmente aquellos con olivar en pendiente, y puedan incorporarse los agricultores y ganaderos, cuyo compromiso se inició en 2007, destinando para ello los 800 millones de euros sin ejecutar por parte de la Junta de la programación 2007-2014".
También, valora el acuerdo de la conferencia sectorial de enero de 2014, por el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se comprometió a realizar un seguimiento de la situación del sector del olivar en pendiente y de baja producción, con el fin de si cumple con las condiciones establecidas en el reglamento comunitario, se proponga a la conferencia sectorial que se incluya dentro de los sectores que perciben ayudas acopladas.
