Las protestas de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Ayamonte, a los que se les adeuda un total de cinco nóminas, han provocado la suspensión hoy del pleno de la Diputación de Huelva.
La sesión plenaria, la ordinaria correspondiente a diciembre, comenzaba esta mañana en torno a las 10:00 horas y poco después, el presidente de la institución, Ignacio Caraballo, ha decidido su suspensión debido a la cantidad de personas que se han dado cita en el salón de plenos para protestar.
Y es que a los empleados municipales se le han sumado los recolocables de Astilleros, que reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Junta de Andalucía, y de empleados de la planta de Villarasa, que demandan una mejor gestión medioambiental de las instalaciones.
De este modo, se ha procedido al desalojo de la sala y a la interrupción de la sesión que, finalmente, ha podido ser retomada una hora después.
Con relación a los trabajadores de Ayamonte, el PP ha pedido hoy a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Huelva que "salgan en su auxilio", ya que el alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, adeuda cinco nóminas.
Así lo ha afirmado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ayamonte y parlamentario andaluz, Alberto Fernández, que ha reclamado en la Cámara autonómica el auxilio de la Junta, petición a la que se ha sumado hoy el Grupo Popular en la Diputación Provincial de Huelva durante la celebración del pleno.
Fernández ha criticado la "actitud antidemocrática" de Caraballo con estas personas ya que "no solo no se les paga sino que, además, se trata de coartar el derecho a reclamar lo que es suyo", ha incidido el portavoz popular.
Por ello, y ante la "nefasta gestión" del Ayuntamiento de Ayamonte, Fernández ha reclamado a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial "auxilio" para que estos trabajadores puedan cobrar sus salarios.
Una medida que ha sido refrendada por el Grupo Popular en la Diputación que ha solicitado la aprobación de un fondo para el pago de nóminas atrasadas como el que la Diputación puso en marcha hace dos años, también a propuesta del PP.
"Si la Diputación y la Junta no quieren acercase a los pueblos con problemas, serán los pueblos los que tendrán que venir a la Diputación y al Parlamento a movilizarse", ha destacado.