El Grupo municipal de IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal del PP que no "eche balones fuera" ante la propuesta de la federación de izquierdas de crear una comisión de investigación en torno los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos.
Después de que el portavoz del Gobierno municipal, el concejal del PP Curro Pérez, defendiese que "la mejor comisión de investigación" es la que comanda la juez Mercedes Alaya, quien desde el Juzgado de Instrucción número seis dirige la causa judicial relativa a estos hechos, IU-CA cree que el Gobierno local "se limita a echar balones fuera ante una propuesta que busca el esclarecimiento de unos hechos presuntamente delictivos y que afectarían gravemente al Ayuntamiento de Sevilla".
IU-CA defiende que la propuesta "no es, ni mucho menos, fruto de ninguna decisión personal, sino de un acuerdo adoptado por unanimidad por el máximo órgano de dirección local de Izquierda Unida", toda vez que la creación de una comisión de investigación "no es incompatible ni interfiere en el procedimiento judicial que actualmente está en marcha". "Es un instrumento legal más, útil y eficaz, para conocer la verdad y para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido".
"La comisión de investigación no dicta justicia, pero sí puede servir para arrojar luz sobre la presunta trama corrupta vinculada a los contratos de Fitonovo; establecer responsabilidades políticas; y plantear medidas que eviten nuevos escándalos de estas características. Por eso, creemos que el PP le haría un flaco favor a la democracia si rechaza nuestra propuesta", concluye IU-CA.
La operación Enredadera, derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el propio José Manuel García, quien ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense tras ser imputado por la juez a cuenta de su papel como ex delegado municipal de Deportes.
FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS
En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
En paralelo, uno de los empresarios de Fitonovo ha declarado ante la juez Alaya que el concejal del PP Gregorio Serrano pidió supuestamente a Fitonovo que instalase "gratis" un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", en Dos Hermanas, y el funcionario municipal Francisco Amores, imputado en la causa, habría declarado que cuenta con documentación que podría afectar al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).
El testimonio de Amores, en ese sentido, motivó que el alcalde presentase en los juzgados un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella, al considerar Zoido que las declaraciones del funcionario fueron "aseveraciones con temerario desprecio a la verdad que podrían ser constitutivos de sendos delitos de injurias graves o calumnias", según el escrito recogido por Europa Press, un documento que además avisa de un "evidente atentado al honor, a la dignidad personal y profesional y a la propia imagen" de Zoido.
