Así lo acordó el pleno de este Tribunal, que dio traslado de esta decisión al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso las partes demandadas y formular las alegaciones correspondientes.
El recurso de inconstitucionalidad, promovido por más de cincuenta diputados del Partido Popular, representados por la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, fue presentado el pasado 23 de marzo.
El PP recurrió 17 preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, así como los capítulos económicos de la norma y los anexos vinculados a éstos, al considerar que están basados en previsiones macroeconómicas desfasadas y falsas, no incluyen la totalidad de los gastos del Estado y vulneran derechos sociales de los funcionarios.
Los preceptos recurridos se refieren a diez disposiciones de los Presupuestos Generales de este año relativas, entre otras, a la Ley de Clases Pasivas del Estado, a la creación de agencias estatales o la armonización de regímenes de funcionarios públicos.
El PP también impugna las modificaciones de los textos de la Ley General Presupuestaria y de la de Subvenciones, así como siete artículos relacionados con el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, con la aprobación de los estados de gastos e ingresos y de los beneficios fiscales y con la financiación de los créditos aprobados.
Asimismo, el recurso contempla la impugnación de los capítulos económicos y anexos de la Ley de 23 de diciembre por la que se aprobaron las cuentas públicas de 2009.
