La Junta ha presentado esta semana en el juzgado de primera instancia número ocho de Sevilla una demanda de reclamación a Boliden, que gestionaba la mina de Aznalcóllar (Sevilla) cuando se produjo un vertido tóxico en 1998, de noventa millones, por el coste de la restauración ambiental de la zona.
En rueda de prensa, el secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta, Vicente Fernández, ha informado hoy de que también le reclama a Boliden los intereses y ha explicado que la Junta "vuelve a la casilla de salida", ya que es la misma demanda que la Junta presentó en 2001 ante el mismo juzgado.
A partir de ese momento la administración andaluza inició un "peregrinaje jurisdiccional" para recuperar los aproximadamente noventa millones que gastó en la limpieza de la zona tras el desastre medioambental originado por la rotura de una balsa en la mina de Aznalcóllar.
La Sala de conflictos del Tribunal Supremo resolvió en 2012 tras un "peregrinaje judicial" que la causa contra Boliden debía dirimirse en los tribunales civiles y no en los contencioso-administrativo.
Por tanto, trece años más tarde "se ha vuelto a la casilla de salida" tras rechazar en el año 2002 el juzgado de primera de instancia de Sevilla la demanda civil presentada por la Junta contra la multinacional sueca argumentando que el asunto debería dirimirse en los tribunales de lo contencioso.
"La Junta de Andalucía no cesa en la recuperación para el erario público y los contribuyentes del importe que costó la restauración" ambiental de la zona afectada por el vertido, próxima al Parque de Doñana, ha afirmado el director general de Innovación.
Ha recordado que la Junta asumió un coste de unos noventa millones y el Gobierno central de unos 42 millones.
La rotura de la balsa de residuos de la mina vertió millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados a los aledaños del parque natural de Doñana, en una de las mayores catástrofes ambientales de España, que cerró la vía penal sin encontrar responsabilidades entre la veintena de funcionarios y técnicos que fueron imputados.
Planteada la reclamación en la vía Contencioso-Administrativa, el TSJA determinó en 2008 que la Administración "carecía de competencias de autotutela" para ejercitar la reclamación en dicha vía, en una resolución confirmada en noviembre de 2011 por la Sala de lo Contencioso del Supremo.
Entonces, el alto tribunal remitió la solución definitiva a la Sala de Conflictos y reconoció que se trataba de un caso de "peregrinaje judicial", pero añadió que "no cabe que, para enmendar un yerro, esta jurisdicción Contencioso-Administrativa incurra en otro mayor, vulnerando el principio de legalidad".
