El Tribunal de Cuentas ha incoado diligencias sobre las retribuciones mensuales asignadas por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), gobernado por José Luis Sanz (PP), a sus altos funcionarios primero como gratificaciones y después como productividades. Todo ello ante una denuncia del PA que conecta dichos pagos extra con una supuesta "complicidad" entre el Gobierno local y estos funcionarios cuya "independencia" habría podido quedar quebrantada.
En su denuncia al Tribunal de Cuentas, recogida por Europa Press, el PA de Tomares señala las "gratificaciones" de 570 euros que mensual e individualmente libraba el Ayuntamiento en favor de cada uno de los altos funcionarios del mismo, es decir el secretario general, el vicesecretario interventor, el interventor y la tesorera, ya que el Gobierno municipal del PP gratificaba "a aquellas personas que deben vigilar la legalidad" de los actos del propio equipo de Gobierno.
Estas gratificaciones, según la denuncia, "vulneran conscientemente la Ley", pues el real decreto 861/1986 de régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local estipula que las gratificaciones a los funcionarios "en ningún caso podrán ser fijas ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo". La denuncia, en ese sentido, señala que los cuatro altos funcionarios cobraban mensualmente la misma cuantía, 570 euros.
"Los pagos son siempre fijos y periódicos en su devengo, sin que consten resoluciones sobre servicios extraordinarios", expone la denuncia, según la cual estas gratificaciones amenazarían "la independencia de aquellos que deben salvaguardar la legalidad de los actos del Consistorio". Incluso se avisa de que "en ocasiones se ha podido constatar que la complicidad entre gratificador y gratuificados ha posibilitado autoinformes en los que se logran beneficios laborales".
LA IMPUTACIÓN DEL VICESECRETARIO
Recordemos que el vicesecretario interventor, por cierto, figura como imputado en la investigación del contrato gracias al cual el concejal del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos (PP) percibió retribuciones municipales cuando aún no ostentaba acta de edil.
La denuncia, además, expone que en febrero de 2014, el pleno dio cuenta de una resolución de Alcaldía que respecto a estas gratificaciones, examinaba su "verdadera naturaleza" como retribuciones por "determinadas circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo y no por la prestación de un servicio extraordinario fuera de la jornada laboral". La resolución, en ese sentido, asignaba así a los altos funcionarios los citados 570 euros por cabeza en "concepto de productividad".
Según la denuncia, la propia resolución de Alcaldía reconoce que el concepto por el que se gratificaba a estos funcionarios era "contrario a la Ley" y simplemente continúa con las retribuciones "con otra denominación". Al respecto, señala el PA que los convenios laborales del Ayuntamiento recogen en materia de productividades "una percepción única de 1.242 euros" al año y no "una productividad mes a mes", aunque de todas formas los cuatro altos funcionarios "han percibido las cantidades reconocidas anualmente (1.242 euros) y de modo adicional" su "gratificación o productividad mensual", aspecto "no justificado ni reflejado en ningún criterio de reparto, tal y como legalmente debe establecerse". "Bajo el concepto de productividad se encubren cantidades fijas y lineales", insiste la denuncia sobre una supuesta vulneración del real decreto 861/1986 de régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local.
DILIGENCIAS PRELIMINARES
Ante esta denuncia por posible "responsabilidad contable", el 26 de enero de 2015 la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas acordó abrir "diligencias preliminares". En el marco de estas diligencias preliminares, el Ayuntamiento alegó argumentando que estas "retribuciones complementarias" arrancaron en 2006, --cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE--, por "especial rendimiento o actividad extraordinaria", toda vez que "recibieron la denominación de gratificación, que puede calificarse de inadecuada, pero en ningún caso improcedente" al corresponder al "trabajo desarrollado" por los altos funcionarios.
Alega además el Ayuntamiento la resolución de Alcaldía que comienza a abonar estas cuantías en concepto de productividades merced a su "verdadera naturaleza"", descartando cualquier "responsabilidad contable". La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, ante estas alegaciones, señala que los hechos en cuestión "pudieran ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos", con lo que "visto lo solicitado por el Ministerio Fiscal, resulta procedente se nombre delegado instructor a fin de que practique las diligencias establecidas", pues el Ministerio Fiscal opinaba que las alegaciones del Ayuntamiento "no desvirtuaban las irregularidades detectadas".
EL PA PIDE EL CESE DE SANZ
Al nombrar delegado instructor y avanzar en las diligencias, "no se prejuzga la existencia de responsabilidad contable", señala el Tribunal de Cuentas explicando que este acto "abre simplemente ua fase de actuaciones instructoras (...) a fin de esclarecer si han sido finalmente realizados de forma correcta los pagos realizados en concepto de gratificaciones y de productividad, lo que enervaría los indicios de responsabilidad contable, o si por el contrario no consta su adecuada realización".
Dado el caso, Alberto Mercado, portavoz municipal del PA, ha alertado del nacimiento de "un nuevo caso Tomares a cuenta de la "compra de voluntades" de los altos funcionarios del Ayuntamiento para asegurar su "complicidad" en las "tropelías" del Gobierno municipal del PP. Por eso, ha pedido al alcalde que "de la cara" y al PP andaluz que le cese como candidato a la reelección.
