La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar este jueves, a partir de las 10,30 horas, a la exjefa de Vía Pública de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla María Victoria Bustamante, una de las diez personas contra las que ha abierto juicio oral por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla.
La imputada había solicitado declarar en base al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que el procesado "podrá declarar cuantas veces quisiera, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya accede a la petición de la defensa de María Victoria Bustamante a pesar de la "extemporaneidad de la diligencia solicitada" y rechaza el recurso que interpuso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado de fecha 5 de diciembre de 2014.
La juez considera que su "activa participación en la elaboración del pliego de condiciones y en la valoración de las ofertas, cuestiones ambas que fraudulentamente determinarían la adjudicación del concurso a favor de Sanma, constituyen elementos más que suficientes para decidir la apertura de la fase intermedia" contra la imputada.
LA JUEZ ABRE JUICIO ORAL
Hay que recordar que, en un auto notificado la pasada semana, la magistrada dictó auto de apertura de juicio oral por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra un total de diez personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, o el exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño.
La magistrada ha abierto también juicio oral contra el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, la propia María Victoria Bustamante, el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero, el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.
La instructora, que atribuye a todos ellos un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación, les requirió además para que presten fianza de manera solidaria por importe de 33.250.000 euros de cara a "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles", con el apercibimiento de que "de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
Dicha cantidad se basa en la fianza de responsabilidad civil de 25 millones de euros --más el tercio legal-- "en la que se fijaba la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra", añadiendo que esta cantidad "resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron y el ofrecido por Sanma que fue finalmente la adjudicataria".
RECHAZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL AYUNTAMIENTO
Al hilo de ello, la juez Alaya rechaza declarar responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Sevilla "al no ser el mismo el único socio de Mercasevilla".
La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales "se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo" entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
Sobre el delito de prevaricación, la juez indica que se habría producido porque, "a sabiendas", los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público".
"OFERTAS DE RELLENO"
Es decir, dicha preparación se llevaría a cabo "desde la elaboración del pliego con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 8 de noviembre de 2005 --donde el pliego se explica con detalle--, como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".
De igual modo, la juez abre juicio oral contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por un delito societario --los dos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus--, ya que "los anteriores cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad".
La juez archivó la causa contra los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y el arquitecto Alberto Balbontín Abad.
Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados.
