El nuevo gobierno local que se constituya tras estas elecciones municipales, tendrá ante sí y como primer gran reto afrontar la situación de emergencia social en que se hallan los 85.196 parados existentes en la ciudad, 40.000 más de los que había antes del estallido de la crisis hace siete años y gran parte de los cuales ya no perciben ningún tipo de prestación.
Por más que tras formular promesas en este sentido durante pasadas campañas electorales luego, a la hora de la verdad, algunos políticos locales se escuden en que el Ayuntamiento carece realmente de competencias en materia de empleo, la nueva corporación no debería quedarse de brazos cruzados ante el principal problema de la ciudad, y siquiera indirectamente puede hacer algo más de lo realizado hasta ahora.
Locales vacios
A título de ejemplo, varios de los partidos que han concurrido a estas elecciones han coincidido en prometer la adaptación de los locales municipales vacíos que hay en los distritos para ponerlos a disposición de los emprendedores y crear así al menos una red de viveros empresariales por toda la ciudad, con el fin de que no se pierda ninguna iniciativa por falta de espacio físico.
Sin renunciar a la captación de grandes proyectos, de los que han venido pocos y los que se han anunciado vuelven a ser del tipo lúdico-comercial que no suponen cambio de nuestro modelo económico, a la larga es mucho más interesante la creación de un tejido propio de pequeñas y medianas empresas que dimanen de la “cultura del garaje”, como en Estados Unidos, y que con el tiempo pudieran alcanzar dimensiones inimaginables.
Multinacionales como Apple, Microsoft, HP, Dell y tantas otras nacieron en los garajes de las casas de sus imberbes fundadores, los cuales carecían en sus inicios de recursos para alquilar un local propio. Sin ir más lejos, Abengoa tuvo sus orígenes en un chalecito de Heliópolis y hoy es una de las principales compañías españolas. Por tanto, es fundamental que el Ayuntamiento ofrezca espacios baratos a todo el que quiera desarrollar un proyecto empresarial.
El rol de Emvisesa
Por primera vez que se recuerde, Emvisesa no ha construido ninguna nueva promoción durante el mandato que ahora expira, pese a la promesa de Zoido de que entregaría 1.000 nuevos pisos cada año, hasta un total de 4.000. Si la construcción es uno de los sectores con mayor capacidad de arrastre por todo lo que moviliza a la hora de edificar y de dotar de equipamientos las viviendas, Emvisesa no debe pasarse otros cuatro años en blanco y dedicada únicamente a administrar el parque de pisos heredado que ya posee.
Hay más de 15.000 sevillanos demandantes de una vivienda pública por una parte, y, por otra, miles de familias que viven en bloques antiguos carentes hasta de ascensor (600 sólo en el Polígono de San Pablo) porque se construyeron en tiempos en que la normativa ni lo exigía.
Si a ello se une la necesidad de rehabilitar energéticamente infinidad de pisos, capítulo en el que se puede optar a fondos europeos y nacionales, Emvisesa como instrumento del Ayuntamiento en política de vivienda podría dar un nuevo y fuerte impulso al sector de la construcción y de forma mucho más social de lo que preconiza Gaesco, obsesionada únicamente por los grandes proyectos e infraestructuras, que no dependen del Consistorio (Metro, Ciudad de la Justicia, rondas de circunvalación, dragado del Guadalquivir….).
La Zona Franca
La Zona Franca consiste únicamente en el vallado de 719.876 m2 del dominio público portuario, previa declaración administrativa como tal, para permitir, según las previsiones oficiales, un tráfico de mercancías superior a 1,7 millones de toneladas por parte de un centenar de empresas que allí se instalarían y que facturarían más de 1.000 millones de euros.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno local ha sido incapaz de conseguir en tiempo y forma la aprobación administrativa de la Zona Franca, ni tampoco de vallar su perímetro para que se convirtiera, conforme a sus reiterados anuncios, en uno de los grandes motores económicos y de creación de empleo.
Hasta tal punto ha llegado el fiasco con este proyecto, que ante la manifiesta imposibilidad de cumplir el plazo legal del cerramiento para el 30 de agosto, Hacienda aprobó el 8 de mayo una orden de prórroga durante un año más, ya que sin la misma Sevilla habría perdido la Zona Franca.
Lo mínimo que cabe exigir al nuevo Ayuntamiento es que sea capaz, junto con la Autoridad Portuaria, de concluir el vallado antes del 30 de agosto de 2016.
El PGOU como excusa
El Plan General de Ordenación Urbana reservó suelo para la construcción de 45.000 viviendas; definió un modelo de ciudad en el que se prohíben los aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo, para evitar el efecto-llamada a los vehículos, como bien se sabe por la experiencia de la colapsada calle Baños, acceso natural al parking de la plaza de la Concordia; fijó los puentes y pasarelas de conexión, al Norte, con la isla de la Cartuja; ubicó la Ciudad de la Justicia en Los Gordales….
El PGOU ha sido utilizado como excusa para justificar su propio incumplimiento o para presentarlo como el impedimento para el desarrollo de la ciudad, de manera que los empresarios de la construcción, los cuales apenas han construido pese a tener enormes bolsas de suelo por desarrollar, y los dos principales partidos políticos abogan por cambiarlo, reprogramarlo o reinterpretarlo en un foro de notables, en lo que supondría la vuelta a los tiempos en que las decisiones vitales para el futuro se adoptaban en una mesa de camilla.
El empeño en construir la Ciudad de la Justicia en el Prado, donde no cabe si no es colmatándolo en altura frente a los jardines de un patrimonio de la humanidad como el Alcázar y contra las disposiciones del PGOU; o de construir un parking prohibido en las normas en la Alameda; o un puente en la Cartuja no contemplado en el Plan en vez de los que sí están previstos en el mismo; o de recalificar la antigua comisaría de la Gavidia para implantar un centro comercial y comprobar, una vez recalificada tras cuatro años de polémicas, que no había ninguna gran cadena realmente interesada, pese a haberse esgrimido algún nombre concretísimo….todo eso ha supuesto un cuatrienio perdido de oportunidades.
El nuevo gobierno municipal no debe estar otros cuatro años actuando a base de modificaciones parciales del PGOU (18 en el último mandato) con tal de no cumplirlo, o cambiando proyectos de sitio esperando una conformidad que la Junta de Andalucía no puede otorgar si no se respeta la máxima norma urbanística de la ciudad, circunstancia que ha servido para acusarla de un supuesto bloqueo a los grandes proyectos de Sevilla.
El Ayuntamiento que se constituya en junio, o redacta un nuevo Plan que plasme su modelo de ciudad aunque le lleve un tiempo largo su culminación, o asume el existente para desbloquear de una vez proyectos como el de la Ciudad de la Justicia en Los Gordales y le mete así presión a la Junta, de la que aquélla depende, ya que si la nueva corporación municipal sigue actuando como hasta ahora , le dará al Gobierno autónomo la excusa perfecta para no invertir en la ciudad, porque los proyectos que se le presentan incumplen el Plan General.
Movilidad
Y otro gran reto para el nuevo Ayuntamiento es el de la movilidad. La crisis económica, con una notoria reducción del tráfico urbano e interurbano, ha paliado en buena parte el problema de movilidad que sufre Sevilla, por las estrechas calles de su Casco Antiguo, el más extenso de Europa, y por su poder de atracción sobre el área metropolitana, que se traduce en un aluvión de vehículos a diario.
La esperada reactivación económica puede sorprender a la ciudad sin la construcción de una sola infraestructura en materia de movilidad más allá de las estaciones del tren de cercanías en la Cartuja y en la Salud. Tampoco se ha hecho ni un solo aparcamiento en estos cuatro años (varios concursos hubo que declararlos desiertos) y la polémica ha acompañado la supresión del Plan Centro y la ampliación de la zona azul.
Dado que las tres líneas de Metro pendientes cuestan entre 3.000 y 4.000 millones de euros y no existe disponibilidad presupuestaria para acometerlas, hay un cierto grado de acuerdo por separado entre los principales partidos políticos sevillanos de prolongar el tranvía hasta Santa Justa, con un presupuesto de 76 millones de euros que nadie dice de dónde van a salir. Todo se fía a Europa.
Sin embargo, poco se ha hablado de extender el Cercanías desde la Cartuja hasta la estación de Metro de Blas Infante, una opción que no tendría un coste muy superior y que permitiría conectar el Aljarafe con toda la red ferroviaria y la futurible Ciudad de la Justicia, amén de que el tranvía se solaparía en buena parte en superficie con el trazado subterráneo del Metro.
La ampliación de la red de carriles-bici y la revisión de los pliegos de construcción de nuevos aparcamientos, sobre todo en el perímetro del Casco Antiguo, podrían ser medidas complementarias para mejorar sin excesivo coste para las arcas municipales el problema de la movilidad en Sevilla.
