La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a dos hombres como presuntos autores un delito de estafa y coacciones tras realizar un revisión de la instalación de gas en el domicilio de un matrimonio de avanzada edad, donde repararon unas supuestas deficiencias cobrando al contado precios "abusivos, muy superiores" a lo estipulado en el mercado.
Según detalla la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación se inició a raíz de la denuncia de matrimonio de la capital gaditana que aseguraba que dos supuestos técnicos del gas se presentaron en su domicilio para hacer una revisión supuestamente obligatoria de la instalación de gas.
Los técnicos del gas alegaron que eran trabajadores de una de las principales envasadoras y distribuidoras de gas del país, lo cual les acreditaba para llevar a cabo una "urgente y obligatoria revisión de la instalación de gas".
La mujer accedió ante los argumentos presentados por los técnicos, tales como los "graves perjuicios" que le ocasionaría no acceder a la revisión, amenazando con el corte del suministro o con el "grave riesgo" para las personas del inmueble ante una hipotética fuga de gas.
Una vez en el interior de la vivienda, los falsos técnicos revisaron la instalación y sustituyeron la goma, el regulador, una llave de paso, y repararon tres fugas de gas. Los operarios informaron a la víctima de que habían detectado "graves deficiencias" en la instalación y, sin presupuesto previo, le cobró al matrimonio por los trabajos casi 250 euros.
OTRA "GRAVE DEFICIENCIA"
Tras abonar el matrimonio la factura, los técnicos alegaron encontrar otra "grave deficiencia" en la salida de humos del termo, instalándole un ventilador y cobrando de nuevo otra factura por valor de 240 euros sin haberles presupuestado previamente la operación.
Ante tales hechos, los propietarios después de pagar estos precios "desorbitados y abusivos absolutamente, fuera de los precios de mercado" acudieron a la Comisaría para denunciar los hechos con el convencimiento de que habían sido víctimas de una estafa de un servicio que ellos no habían solicitado.
La pareja sospechaba que su instalación de gas, después de ser manipulada por estos técnicos, no se encontraba en óptimas condiciones de servicio, por lo que solicitaron a un técnico autorizado de la empresa suministradora del gas que revisara la misma.
El grupo segundo de Delincuencia Urbana de la Policía Nacional en Cádiz se hizo cargo de la investigación, orientada a esclarecer lo ocurrido y a recabar los indicios y pruebas que incriminaran a los presuntos autores como responsables de un delito de estafa y coacciones.
Igualmente se abrió una vía de investigación para determinar su participación en otros hechos delictivos cometidos que respondían al perfil de los autores. Una vez recabadas dichas pruebas, se estableció un dispositivo de búsqueda para su localización, identificación y detención en el que participaron agentes de paisano y uniformados.
Los agentes encargados de la instrucción del atestado ello volvieron a citar a las víctimas y testigos para tomarles de nuevo declaración, donde reconocieron a los presuntos autores de los hechos denunciados.
DOS HOMBRES
Los investigadores del citado grupo de la Brigada de Policía Judicial realizaron varias gestiones para identificar a los dos individuos. Fruto de las gestiones realizadas se comprobó que los presuntos autores de la estafa eran dos hombres de 30 y 40 años de edad residentes en El Puerto de Santa María, los cuales trabajan para una empresa con domicilio en una población de Toledo.
A los acusados les constan numerosas detenciones por robos con violencia, hurtos, coacciones y estafa, y fueron localizados y citados para que comparecieran en las dependencias policiales para proceder a informarles de los hechos que motivaban su detención, así como de los derechos que les asistían.
Estos supuestos operarios del servicio técnico del gas suelen acudir a los domicilios sin haber sido previamente requeridos, eligiendo como víctimas a personas mayores "especialmente vulnerables" que viven solas.
Valiéndose de engaños intimidan a las víctimas describiéndole escenarios en los que se produce una explosión de gas por fugas en su instalación. También amedrentan a las víctimas con una posible sanción administrativa por no cumplir con los plazos de la revisión obligatoria de la instalación de gas por una empresa autorizada, amenazando con cortarles el suministro de gas o proponiéndolos para una sanción con importantes multas.
