A medida que las horas inexorablemente se acercan al instante ineludible de la toma de una decisión que, de tomarse de un lado u otro, haría que se produjera un giro de 180 grados en el devenir de una institución que hace cinco años había ya cambiado el rumbo radicalmente; aumenta el nerviosismo de las partes en cantidades industriales.
Y es que el plazo oficial, ya expirado, para que la Audiencia de Sevilla entienda si existe o no una prolongación excesiva de las medidas cautelares sobre el paquete de acciones de Farusa que ostenta la mayoría accionarial del Betis (hasta que se demuestre lo contrario); tiene en vilo tanto a las partes implicadas como a todo el beticismo que nada entiende o tiene que ver con el futuro judicial (y por ende deportivo) del equipo de sus amores.
Con el apoyo de la Fiscalía, Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver esperan que les sea devuelta la entidad que ilegítimamente (así lo interpretan) se les fue arrebatada. Tesitura que la parte denunciante (Liga de Juristas Béticos y Béticos por el Villamarín), no desean de ningún modo que eso pueda suceder.
Objetivamente, el periodo de caos que se abriría en caso de que las medidas cautelares fuesen levantadas, afectaría y de qué forma al desarrollo actual de los acontecimientos, pues nada de lo que se conoce hasta ahora, sería igual.
