Las diputadas del PP-A Patricia Navarro y Alicia Martínez han vuelto a reclamar este martes una Ley de Segunda Oportunidad en Andalucía que dé una "solución definitiva" a los propietarios de viviendas irregulares que las compraron "de buena fe" y siempre que las casas no estén en estén en espacios protegidos, una situación que en la región afecta a 250.000 familias.
La portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PP-A en el Parlamento, Patricia Navarro, y la portavoz de Vivienda, Alicia Martínez, han mantenido una reunión con representantes de propietarios de viviendas irregulares en Andalucía, para escuchar y canalizar sus problemas. Estas familias llevan en algunos casos décadas con esta situación, con especial incidencia en las provincias de Málaga y Almería.
El PP andaluz ha presentado a los representantes de asociaciones la iniciativa que el PP ya ha registrado en el Parlamento, en la que se pide la aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad en Andalucía que dé una solución a estas familias, que han sido adquirientes de buena fe, "toda vez que ni la figura de 'Asimilado Fuera de Ordenación' aprobada por la Junta en 2012 para que pudieran regularizarse y tener acceso a suministros básicos; ni la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) han conseguido nada".
Navarro y Martínez han mantenido que esta situación está "manchando" la imagen de Andalucía en el exterior, ya que muchos de los afectados son extranjeros que decidieron dedicar todos los ahorros de su jubilación a trasladar su residencia a Andalucía, y ahora "viven un drama personal bajo la amenaza de una orden de demolición".
Las 'populares' han hecho referencia al acuerdo al que llegaron en el Senado PP y PSOE para modificar puntualmente el Código Penal, de manera que ningún comprador de buena fe pudiera ver demolida su vivienda sin ser antes indemnizados correspondientemente, "una demanda de los colectivos de afectados", algo que, consideraron, si bien es una medida positiva, "no ataja la raíz del problema".
La iniciativa del PP andaluz insta al Consejo de Gobierno a aprobar, en el plazo de tres meses, una Ley de Segunda Oportunidad para solucionar las edificaciones irregulares en Andalucía, poniendo fin así al drama personal y familiar de los compradores de buena fe y eliminando los riesgos que sobre el turismo y las inversiones conlleva.
Además, pide articular medidas transitorias que permitan la habitabilidad de estos inmuebles, aunque no se traten de viviendas habituales, mientras se desarrollan los trámites de legalización de las mismas, así como revisar y reformar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para su adaptación a las necesidades de desarrollo de los municipios andaluces, que en todo caso deberá ser ordenado y sostenible, evitando en el futuro este tipo de construcciones.
