La Plataforma de Afectados por la Regulación Urbanística ha emitido un comunicado en el que se señala que "tras la entrada del nuevo gobierno en el Ayuntamiento, nos congratulamos por el ímpetu general con el que ciertos temas se están llevando a cabo en materia de urbanismo, y eso está bien", añadiendo que "tener las ideas claras sobre estas cuestiones, como son la regularización, el proyecto de ciudad, o la dotación de servicios básicos, nos parece ejemplar. Pero esto no es óbice, para que se vuelva a caer en el error de los anteriores gobiernos (sean del color que sean), y que se adolezca de la comunicación y acuerdo necesario con los colectivos implicados, toda vez que si se anuncia una hoja de ruta y consensuando los detalle con la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía para determinar las modificaciones a realizar en el próximo PGOU, significa que estas cuestiones se han concretado y por lo tanto, no cabe otra posibilidad que la imposición técnica a los ciudadanos, y eso no está bien".
Indica que "volvemos advertir, en relación al extrarradio, que las posibles modificaciones de la categorización del suelo, aprovechamientos medios, edificabilidad,…, son cuestiones de calado y al margen de su importancia en los ingresos del IBI sobre todo después de la entrada en vigor de la modificación de la ley hipotecaria y del catastro inmobiliario (BOE 25 de Junio de 2015), para que los suelos urbanizables pero pendientes de construir paguen el IBI rústico en lugar del urbano, son de importancia capital para el coste económico de la regularización".
Desde esta Plataforma, "queremos reivindicar y apoyar la propuesta de la creación de una mesa de trabajo en materia de Urbanismo, donde partidos políticos y colectivos, puedan opinar y proponer ideas para al final poder consensuar “al máximo posible” las modificaciones al PGOU de Chiclana, que no olvidemos que “oficialmente” está aprobado con exposición pública incluida por dos veces, a falta de los informes sectoriales y visto bueno definitivo de la Junta de Andalucía".
"Un Consejo Social, que en cada legislatura debe constituirse, con asociaciones, federaciones y colectivos representativos de la Ciudad es fundamental, como paso previo para constituir el equipo de trabajo y no sólo como justificación para meras exposiciones de lo ya aprobado", finaliza.
