El fiscal Anticorrupción Conrado Sáiz ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid que de impulso a la causa por los sobresueldos irregulares en Caja de Madrid que permanece guardada en un cajón desde enero del pasado año, tras producirse un cambio en la titularidad del órgano judicial.
Reclama que se cite a declarar como imputados al ex presidente de la entidad Miguel Blesa y a su número dos, el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, así como la citación del autor del informe que permitió la confección por parte del Fondo de Reestructuracón Ordenada Bancaria (FROB) del expediente en el que se basa la querella, para que lo ratifique, han informado a Europa Press fuentes fiscales.
El caso permanece inactivo desde finales de enero de este año, cuando Anticorrupción presentó una denuncia derivada del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid que le había sido remitido un mes antes por el FROB, y que refleja un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.
El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 45, cuya titular hasta este mes, Raquel Fernandino, no lo tocó en absoluto, ni siquiera para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional que ya investiga a Blesa por la salida a bolsa de Bankia y el uso por los que fueran directivos de Caja de Madrid de las denominadas 'tarjetas black'.
NUEVA INSTRUCTORA
Fernandino ha accedido a un puesto en una audiencia provincial fuera de Madrid y el asunto continúa inactivo, ocasión que ha aprovechado Anticorrupción para solicitar su reactivación. La ordenación de las diligencias, de producirse, corresponde ahora a la juez Mónica Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 53 que se ocupa también del 45 en tanto se designa un nuevo titular.
Anticorrupción considera que este asunto debe investigarse de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre el "caso Bankia". Considera que las posibles irregularidades apuntadas por el FROB no tienen nada que ver con las que ya analiza el Juzgado Central de Instrucción número 4 y además se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa.
El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía, en el que se basa su querella, analizaba cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.
SUBIDA SALARIAL
En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento.
En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.
Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.
Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.
Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.
Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.
A la querella del la Fiscalía se suma la que presentó un mes después, el 13 de febrero, Manos Limpias contra Blesa y otros diez directivos por los delitos de apropiación indebida continuada, según el artículo 252 del Código Penal, y en su defecto delito de administración desleal del patrimonio continuado contra los miembros del Comité de Dirección.
Manos Limpias acusa a Blesa y los exdirectivos Matías Amat, Juan Astorqui, Carmen Contreras, Ramón Ferraz, Carlos María Martínez, Ricardo Morado, Mariano Pérez, Ildefonso Sánchez Barcoj, Rafael Spottorno y Enrique de la Torre por los cobros presuntamente irregulares.
