En la resolución enviada esta semana por el Ministerio al colectivo ecologista, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que los permisos de investigación de hidrocarburos fueron otorgados mediante el Real Decreto 1771/2010, de 23 de diciembre, a favor de las sociedades Schuepbach Energy España, S.L.U. y Vancast Exploration, S.L.
Con fecha del 30 de noviembre de 2012, el operador Schuepbach Energy España solicitó autorización para la concentración de trabajos e inversiones en dichos permisos de investigación de hidrocarburos, lo cual fue autorizado mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas el 11 de enero de 2013.
En marzo de ese año, Verdemar-Ecologistas en Acción interpuso un recurso de alzada contra la citada resolución alegando que la utilización de la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de gas natural puede producir "graves alteraciones en los acuíferos" de la zona proyectada, especialmente por "la contaminación de las aguas, con consecuencias nefastas en lugares de altísimo valor ecológico" como son el Parque Natural de Los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho.
Destaca que la zona se incluye en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, lo que conllevaría "un grave daño medioambiental y un alto coste social y económico".
En segundo lugar, alegaron los ecologistas que las campañas de prospección sísmica son "altamente dañinas" para la fauna que utiliza las aguas del Estrecho de Gibraltar, así como para los recursos pesqueros de la zona.
Asimismo, apuntaba que los proyectos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono generan también "graves daños medioambientales, por favorecer el calentamiento global al emitir gases de efecto invernadero en la atmósfera".
Atendiendo a los citados "efectos negativos sobre el medio ambiente", Verdemar entendía que los permisos de investigación deben someterse a evaluación de impacto ambiental en el marco de la legislación ambiental aplicable.
Sin embargo, la Dirección General de Política Energética y Minas informó desfavorablemente alegando, entre otras cuestiones, que la posible incidencia en el medio ambiente y en los recursos económicos "vendría, en todo caso, producida por los diferentes trabajos específicos (sondeos, campañas sísmicas, etc.) previstos en el programa común de investigación de los permisos de investigación 'Ruedalabola' y 'Tesorillo'", siendo dichas actuaciones las que, "en su caso, deberían venir precedidas por la consiguiente evaluación de impacto ambiental".
Por ello, determina que procede rechazar las pretensiones de Verdemar, al entender que "no se desprende de las actuaciones autorizadas reproche de ilegalidad alguno".
La presente resolución es "definitiva en la vía administrativa", pudiendo interponer contra ella un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta posibilidad será analizada por Ecologistas en Acción en la asamblea provincial que se celebrará el próximo día 7 de noviembre.
POSICIONAMIENTO DE PARTIDOS Y ADMINISTRACIONES
A raíz de la decisión del Ministerio, Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado a todos los ayuntamientos afectados y al resto de administraciones que "hagan público su posicionamiento" en relación a estos sondeos que, según ha insistido, son "gravemente perjudiciales para el medio ambiente y la economía de la zona".
Asimismo, desde el colectivo ecologista han reclamado especialmente un posicionamiento al diputado del PSOE en el Congreso Salvador de la Encina, quien irá de número uno al Congreso por la provincia. Esta petición se debe a que, según recuerdan, De la Encina "fue quien empezó a decir que estos trabajos no iban a causar ningún impacto en el Parque Natural del Estrecho".
Por ello, exigen saber si el socialista se mantiene en ese posicionamiento o si, por contra, se sitúa "al lado de los ecologistas y de la propia Junta de Andalucía", cuyos responsables recuerdan que "han llegado a embarcarse en el barco de Greenpeace para oponerse a las prospecciones que comenzaron a realizarse en la Costa del Sol".
