El PP dio ayer una vuelta de tuerca a su objetivo de acabar con el “rosario de fraudes” y el “descontrol” que, denuncia, preside el funcionamiento de la maquinaria administrativa de la Junta. El primer grupo de la oposición ha hecho sonar la alarma tras el que considera último “escándalo” que salpica al Ejecutivo regional, el de los 800 millones de euros perdidos por la no ejecución de cursos de formación desde 2011, que se solapa con un carrusel de irregularidades y un desfile de imputados.
El pretendido golpe de timón tomará forma con la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento en la que el PP reclamará que una empresa externa al propio engranaje de la Junta escrute hasta el último céntimo de los últimos siete Presupuestos andaluces, incluidos los de todos sus entes instrumentales. Eso, en la práctica, supondría someter a una auditoría las cuentas públicas del periodo 2008-2015, remontándose a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, e incluso a los del pacto PSOE-IU, con Susana Díaz ya en el poder.
El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, censuró que la Junta no ha demostrado “voluntad” de poner coto al aluvión de escándalos, y lo hizo con contundencia al sugerir que son “los jueces, la UDEF y la UCO” cuando investigan los que realmente auditan a la Junta. Eso, unido que la fiscalización de la Cámara de Cuentas se ve frenada por su escasez de medios, conduce al PP a la conclusión de que la mejor herramienta para conocer el destino de esos miles de millones manejados por la Junta es una auditoría, “que no tiene interés partidista sino público”.
El órdago deja en una comprometida posición a Ciudadanos, aliado natural del PSOE en el arranque de la legislatura. El partido de Rivera exigió una medida similar a Cristina Cifuentes como condición para apoyar su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que ahora no debería oponerse. El PP le reclama “coherencia”, consciente de que sin su voto favorable o una abstención su propuesta es estéril. El PSOE, perplejo, censuró que se “agreda” a la Cámara de Cuentas y se intente “privatizar” sus funciones.
La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, cifró en 1.185 millones el montante de los fondos de empleo perdido “bien por la corrupción o por la mala gestión” del Gobierno andaluz. En los cálculos incluye los 800 millones por la paralización de los cursos de formación desde 2011, otros 40 de los fondos Jeremie y los 240 por el fraude en la formación descubiertos hasta ahora.
