El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha pedido este viernes "diálogo" para abordar el "miedo" de los vecinos y padres de Aljaraque (Huelva) que se oponen a la instalación de un centro de internamiento de menores en la zona de La Dehesa, pero ha dejado claro que Huelva era la "única" provincia que carecía de unas instalaciones de este tipo y es "un derecho" tanto de los menores infractores como de sus familias que hasta ahora tenían que desplazarse a otras provincias andaluzas.
A preguntas de los periodistas en Huelva, Maeztu se ha mostrado convencido de que esta situación de inquietud por parte de los vecinos "se quita con diálogo", al tiempo que ha incidido en que hay que saber que los menores condenados "tienen que tener lo mismo que otras provincias" y desde la oficina del Defensor del Menor se ha demandado un centro de este tipo en reiteradas ocasiones.
En esta línea, ha recordado que este mismo temor se dio en otras zonas donde se han ubicado centros de internamiento como en 'Tierras de Oria', en la provincia de Almería, y después la ciudadanía comprueba que "no es como las cárceles o los manicomios antiguos" sino que hay seguridad e incluso se ha llegado a producir "un hermanamiento" entre estos chicos y los vecinos de la zona de su centro.
Por ello, Maeztu ha hecho hincapié en la importancia de que se aborde la cuestión con "cordura", así como ha valorado que técnicos de la administración vayan a Aljaraque a hablar con las familias y resolver las dudas y ha defendido que haya información y diálogo para eliminar esos temores.
"Nadie está exento de que ningún niño en un momento determinado en esta sociedad que crea mucha violencia pueda tener un problema", ha enfatizado el Defensor, que ha considera que "no se puede mirar a otro lado" ante la problemática juvenil y de ahí la importancia de estos centros que cuentan con "un equipamiento serio y profesionales cualificados".
Además, ha dejado claro que los menores condenados y sus familias "tienen derecho" a un centro de este tipo para evitar desplazamientos a otras provincias, a la par que ha destacado que en muchos casos es positiva las visitas e implicación de las familias para contribuir a su reinserción y la distancia, a su parecer, no contribuye a este punto.
Tras subrayar que la reinserción social se da en un 80 por ciento de los casos, ha puesto de manifiesto que en toda Andalucía hay repartidos unos 15 centros de este tipo y "Huelva no tenía nada", por lo que era preciso "una distribución equitativa".
A su juicio, lo que ha ocurrido con esta polémica es que ha habido "falta de información" y "la gente tiene miedo y cree que van a invadir la zona", pero "son centros de internamiento cerrados con tres o cuatro monitores por niño, equipos especializados" y las salidas "se hacen con monitores".
En esta misma línea, el también Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que va a analizar el proyecto educativo, por lo que "si viera cualquier cosa" podría actuar de oficio al respecto.
"Colectivamente hay miedo", ha remarcado, insistiendo en que "el derecho del menor es estar cerca de la familia para que no tenga que desplazarse" a otras provincias y que la ubicación es un aspecto que compete a la administración pero en otros lugares también hay centros de este tipo en zonas residenciales o núcleos urbanos.
Por su parte, ha recordado que se dan problemáticas muy diversas como agresiones de los hijos a los padres, de ahí la importancia de una reinserción donde se intervenga a nivel familiar, por ejemplo. Se trata, según ha resumido, de menores "dentro de un centro con un equipamiento con equipos especializados y no veo ninguna dificultad", ha zanjado.
