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La ONU alerta de la posible "regionalización" del conflicto en Burundi

"Desde que informé al Consejo de Seguridad sobre la situación en Burundi hace un mes, las violaciones de los derechos humanos han crecido y hay un riesgo creciente y alarmante de regionalización de la crisis", advirtió Zeid

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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, alertó hoy de la posibilidad de que la crisis en Burundi "se regionalice" y la violencia se extienda más allá de este pequeño país africano, que está "en el umbral de una guerra civil".

Estas fueron las dos principales advertencias de Zeid durante el discurso que pronunció en la apertura de la sesión especial que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra para tratar la crisis política en Burundi.

"Desde que informé al Consejo de Seguridad sobre la situación en Burundi hace un mes, las violaciones de los derechos humanos han crecido y hay un riesgo creciente y alarmante de regionalización de la crisis", advirtió Zeid.

El alto comisionado denunció que se ha podido registrar el flujo de armas desde los países colindantes hacia el país y pidió que esta importación clandestina de armamento cese de inmediato.

Asimismo, Zeid solicitó ayuda a la comunidad internacional en su conjunto y a los países de la Unión Africana en particular, y pidió apoyo incondicional a la misión de investigación que este organismo lleva a cabo en Burundi.

"El Consejo de Derechos Humanos y todos los estados miembros -pero en particular los vecinos de Burundi- deben jugar un papel constructivo en insistir en un diálogo inter-burundés creíble e incluyente".

Pero además, el alto comisionado indicó que "la implicación de la Corte Penal Internacional sería de gran importancia", sin dar más detalles de su sugerencia.

Según el recuento de la oficina de Zeid, al menos 400 personas han sido asesinadas en Burundi desde el 26 de abril, aunque se estima que la cifra real de fallecidos debe ser mucho mayor.

De estas muertes, al menos 68 fueron asesinatos extrajudiciales ocurridos en noviembre.

Asimismo, 3.496 personas han sido arrestadas, y más de 220.000 -entre ellas eminentes defensores de los derechos humanos y periodistas- han debido abandonar el país y se refugian en los países vecinos.

El pasado mes de abril se inició una serie de violentas protestas en Burundi, después de que el presidente Pierre Nkurunziza anunciase su intención de presentarse a las elecciones por tercera vez, algo prohibido por la Constitución.

Los comicios se realizaron en julio y Nkurunziza ganó las elecciones con un 69 % de los votos, un resultado que la comunidad internacional no ha reconocido por la falta de garantías durante su celebración.

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