Fuentes cercanas al caso dijeron hoy a Europa Press que sobre dicho informe pericial de la acusación deberá pronunciarse, en primer término el fiscal, y emitir un informe para que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena decida si debe ser tenido en cuenta o desestimado un informe que, según las mismas fuentes, incluye consideraciones más generales que detalladas sobre las facturas y las obras, apoyándose incluso en lo que dicen algunos vecinos del municipio sobre lo que creen saber respecto a la ejecución de las obras.
En cualquier caso, el fiscal puede proponer al juez, si es que considera que el informe de la acusación debe tenerse en cuenta, el que se practiquen nuevas pruebas testificales o periciales, caso de agregarse la nueva pericial a las diligencias previas que abrió el juzgado baenense al respecto en 2007.
Sin embargo será el juez quien decida que se hace con esta nueva aportación de la acusación, la cual pretende cuestionar así lo expuesto el pasado abril por el perito aparejador de una empresa especializada independiente en un informe que encargó el propio juez, en atención, de hecho, a la petición en tal sentido que le hizo la acusación particular, que no aceptaba como buena la certificación que ya remitió antes al juzgado el Ayuntamiento de Baena, en cuanto a que las facturas, emitidas al Consistorio por el empresario cuya denuncia originó el caso, son auténticas y se corresponden con obras ya acabadas.
Pero la acusación no sólo pretende cuestionar el informe pericial del Ayuntamiento y el del citado perito aparejador independiente, que también afirma que "las obras descritas en las facturas se han hecho en realidad", sino que igualmente intenta refutar lo que recoge otro informe más, del que ya disponía anteriormente el juzgado, en este caso emitido por la empresa especializada en tasaciones Timsa y elaborado por ésta como prueba pericial.
En el informe de Timsa se asegura que los conceptos por los que se emitieron las facturas "tienen unos costes que se corresponden con los precios actuales de mercado", es decir, que los precios de tales facturas "no están inflados".
En conclusión, el fiscal y el juez, por ese orden, deberán ahora posicionarse sobre el informe pericial de la acusación, pero teniendo en cuenta lo que recogen tres informes anteriores, uno del Ayuntamiento baenense y dos elaborados por empresas especializadas independientes por encargo del juzgado.
Denunciado en 2007
Fue la denuncia de un empresario en julio de 2007 la que dio origen al caso, aunque unas semanas después cambió de abogado y se retractó, alegando que denunció bajo presiones, amenazas y engaños lo que ahora investiga el juzgado, es decir, el presunto pago de facturas falsas por el Consistorio a varias empresas que, supuestamente, luego devolvían al Ayuntamiento el dinero, sin el IVA, para así obtener trato de favor en adjudicaciones de obras.
Sin embargo, el empresario se desdijo poco después, alegando que denunció por las citadas presiones y que lo hizo también para ocultar a su entorno familiar determinados gastos personales, asegurando desde entonces, y así lo ratificó en su última declaración en el juzgado el pasado 12 de marzo, que las facturas no son falsas, pues recibió los pagos del Ayuntamiento por ejecutar obras reales, "que están hechas, presupuestadas y con su correspondiente expediente".
Las declaraciones del pasado 12 de marzo en el juzgado del empresario y de su primer abogado, lo mismo que la de su hermano, su contable y la de los guardias civiles que llevaron la investigación y le acompañaron a denunciar al juzgado, tuvieron por objeto aclarar si el empresario fue presionado para que denunciara y también sobre las amenazas que supuestamente recibió cuando se retractó.
Se da la circunstancia de que la contable del empresario es también la esposa del cabo de la Guardia Civil que abrió la investigación y cuñada de la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz, que está personada en este caso como acusación particular.
Las diligencias previas por el caso de las facturas las abrió el juzgado baenense en 2007, como pieza separada del caso de urbanismo, que también lleva desde ese año el mismo juzgado. En el caso de las facturas el juez investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y estafa.
Los imputados en este caso son dos trabajadores municipales, el presidente de una sociedad de cazadores de Baena y dos empresarios, siendo uno de éstos últimos el mismo que denunció en 2007, aunque luego se retractó.
