La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa contra el portavoz del grupo de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ya que no ha podido quedar acreditado en la investigación que realizase "en su beneficio" diferentes gastos a cargo de la empresa Agricultores Ecológicos SAT (Agrieco), de la que fue administrador entre los años 2003 y 2010.
El Ministerio Público concluye que, debido a la "ausencia" de documentación de la mercantil, como "pedidos y facturación, libros de registro o contabilidad", y a la "no existencia" de una auditoria contable "al no haberse podido realizar", no se "puede acreditar que el gasto" que se imputaba a Cazorla en la denuncia interpuesta por sus exsocios "no esté justificado o se haya hecho en perjuicio de la sociedad y en su beneficio".
El escrito en el que interesa al Juzgado de Instrucción 1 que dicte auto decretando el sobreseimiento provisional de la causa seguida por un presunto delito societario, el fiscal remarca que, tras la práctica de diligencias y el análisis de la propia documentación aportada con la denuncia, se ha podido constatar que no hay rastro documental de "algunos" de los cargos que se atribuían a Cazorla.
Añade, según han informado a Europa Press fuentes del caso, que no hay indicios de que estos gastos se realizasen bien "fuera del tráfico normal de la sociedad", o bien de "forma irregular en relación a la forma normal" que tenía la SAT Agrieco de "operar".
El Ministerio Público echa en falta, asimismo, que no "se llegara a aportar" por la "entidad denunciante" el informe de auditoria "que al parecer estaba realizando" y remarca, en esta línea, que la representación de la empresa, que entró en liquidación en 2013, tampoco aportó a los administradores concursales "los libros obligatorios que deben reflejar cuál es la contabilidad".
Al hilo de esto, hace referencia a que la propia administración concursal de la sociedad informó al Juzgado de lo Mercantil 1 de Almería de que las instalaciones de la SAT Agrieco, con sede en Pechina, estaban "abandonadas, desmanteladas y con un absoluto desorden documental".
INFORMES PERICIALES
El fiscal basa sus conclusiones, además de lo indicado por los administradores concursales, en un primer informe pericial aportado a la causa en la que se recogía "efectivamente" la existencia de determinados cargos pero señalaba también que no constaba que no se hubiera solicitado autorización para poder realizarlos por parte de Miguel Cazorla. Añadía que la documentación "justificativa de su realización o falta de ella" tampoco constaba.
Tiene en cuenta, asimismo, la declaración testifical del tesorero de la sociedad, quien firmó dos de los pagarés que la denuncia imputaba al concejal capitalino y dio cuenta de a qué iban destinados, y un segundo informe pericial, ampliatorio, sobre un gasto concreto de 8.000 euros que, "al parecer, fue abonado a otra empresa pero del que no se aporta documentación alguna".
En este caso, el fiscal indica que Cazorla "reconoce tal gasto y añade que se hizo, no una sola factura, sino dos, ya que el pedido se suministro en varias ocasiones" pero que esas facturas "no aparecen documentalmente en las actuaciones".
"Pero se entiende que la ausencia de documentación de la sociedad y, siendo contradictorias las versiones de las partes, sin que exista una auditoria contable al no haberse podido realizar, no se puede acreditar que el gasto no esté justificado o se haya hecho en perjuicio de la sociedad y en beneficio del encausado", finaliza.
La Audiencia Provincial confirmó en noviembre de 2015 el auto por el que el Juzgado de Instrucción 1 de Almería proponía que Cazorla fuese a juicio oral por un presunto delito societario durante su etapa al frente de la mercantil Agricultores Ecológicos SAT (Agrieco) y desestimó el recurso presentado por su defensa por apreciar "indicios bastantes para mantener la imputación" a la vista de la prueba practicada, "sin prejuzgar en absoluto", matizaba no obstante.
La demanda que dio lugar a la causa penal, de 12 folios, apuntaba a que el concejal de C's supuestamente "habría dispuesto de bienes de la sociedad en beneficio propio y con abuso de las funciones propias de su cargo, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable al resto de los socios" al tiempo que desgranaba algunos de esos "cargos y disposiciones" que habrían supuesto "clara administración desleal".
La comercializadora solicitó en febrero de 2014 ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería la liquidación dentro del concurso de acreedores debido, según explicó, a la situación económica que le generó el "impacto de la crisis del 'E. coli'" con la "pérdida total de la producción a partir del 1 de junio de 2011" y a la "mala gestión del anterior presidente de la junta rectora" que dejó la sociedad "al borde del colapso financiero".
