La juez ha citado mañana como investigado a un liberado sindical para el que se pactó una indemnización de 120.000 euros tras ser incluido indebidamente en el ERE de la empresa pública Egmasa, que afectó a 373 trabajadores y le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones de euros.
En el auto de citación, la juez María Núñez explica que Antonio Márquez García, cuando cesó en el cargo como liberado del sindicato en el año 2004, no fue readmitido en la Empresa de Gestión Medioambiental S.A.(EGMASA), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Por ello, dos años después, dos directivos de la compañía y un líder sindical le buscaron una salida y simularon un despido improcedente, según la juez, que acusó por este ERE a quince personas, entre ellas a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández.
Se pactó con el liberado sindical en el CEMAC una indemnización por despido de más de 120.000 euros "que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado" en una póliza colectiva, subraya el auto de la juez.
Esa "indemnización superaba en mucho la correspondiente a un despido" y fue pagada por la Junta de Andalucía y no por la empresa, según la juez.
