La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha aprobado una enmienda presentada por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía para investigar si la empresa Grupo Alonso ha incurrido en algún tipo de ilegalidad respecto de la ocupación de terrenos en la finca con la que opera en La Menacha como Servicios Auxiliares Marítimo (Grupo SAM).
Esta enmienda se ha aprobado después de que la pasada semana se rechazara la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en relación al encauzamiento del arroyo Cachón, como consecuencia de las inundaciones que se producen periódicamente en la urbanización de La Colonia San Miguel, situada junto a dicho arroyo y a las instalaciones de la empresa.
Sin embargo, del texto rechazado se desprendía la denuncia de que Grupo Alonso pudiera haber realizado movimientos de tierras en la finca “al margen de la ley”, y que se rellenó la parte de la finca que se encuentra en zona inundable de especial protección, taponando parte de la zona de seguridad y dominio público hidráulico a la que obliga la Ley de Aguas.
La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio rechazó la PNL de Ciudadanos pero sí ha aprobado la enmienda de Podemos, en la que se insta a la Junta a investigar el movimiento de tierras practicado por Grupo Alonso, “por si se llevó a cabo al margen de la ley” para, en su caso, “sancionar a dicha empresa por los daños ocasionados y restablecer su estado original”.
“Hay que exigir, si es como se indica en la PNL, que la empresa pague por lo que ha hecho. No puede quedarse en la impunidad si ha cometido un delito ambiental”, señala el grupo parlamentario de Podemos en su enmienda.
El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), por su parte, pidió hace un mes al Ayuntamiento de Algeciras información acerca de si Grupo Alonso está operando en sus instalaciones con la correspondiente licencia de apertura, información que aún no ha sido satisfecha por parte de los responsables municipales.
Del mismo modo, desde ASSP se ha instado también al Ayuntamiento a investigar si la empresa cumple con las normativas ambientales, tras tener conocimiento de posibles vertidos que pudiera haber llevado a cabo hacia el arroyo Cachón.
