Prácticamente cada vez que el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, realizaba una comparecencia ante la prensa, dos preguntas eran las más recurrentes. Una de ellas es si había novedades en torno al robo del depósito de drogas, y la otra era similar solo que se le preguntaba por el paradero del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, el cual tenía una orden de busca y captura internacional, tras ratificar el Supremo la sentencia de cárcel que en su día dictó la Audiencia Provincial.
Pues bien, desde esta semana la segunda pregunta ha sido contestada, pues en la noche del 21 de abril, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, adscritos a Interpol, procedieron a su detención en un domicilio de la zona de Pedregal de San Ángel de Ciudad de México, encontrándose ahora a la espera de completar los trámites para su extradición a España.
Ahora se encuentra ya a disposición de la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, que fue quien dictó la sentencia. En este sentido, su extradición podría oficializarse en 40 días, si no surgen problemas diplomáticos al haber obtenido la nacionalidad mexicana. Según fuentes cercanas a la investigación, Manuel Rodríguez de Castro estaba totalmente integrado en la sociedad mexicana, de hecho, como hemos mencionado, obtuvo la nacionalidad mexicana por naturalización el 23 de mayo de 2014. Además, es titular Cromsat, una empresa “dedicada, al parecer, al servicio de banda ancha y el despliegue de redes en Norte, Centroamérica y Caribe”.
Estas fuentes también destacan que su detención ha sido “extremadamente difícil debido a que tomaba toda clase de precauciones para evitar ser localizado”, precauciones tales como cambios constantes de domicilios, de número de teléfono, así como el nulo uso de las redes sociales. A pesar de estas precauciones, la Consejería del Ministerio del Interios en la Embajada de España en México, a la que están adscritos los policías nacionales de la División de Cooperación Internacional del citado cuerpo, en colaboración con funcionarios de Interpol México asignados al caso, finalmente logró localizar su último domicilio donde a las 19,40 horas del 21 de abril a Manuel Pedro Rodríguez de Castro, procediendo a su inmediata detención.
Tras su arresto, De Castro fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 12 en la Colonia de Piedras Negras, en Ocampo (Guanajuato) donde permanece a la espera de su extradición.
Reacciones
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se ha congratulado detención del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, y puso en valor la “colaboración internacional y eficacia de los dispositivos policiales”.
“Creo que se ha hecho todo lo posible por indagar en unas circunstancias muy complejas”, ha agregado, para exponer que se ha localizado a Rodríguez de Castro después de diferentes búsquedas, pues “ha pasado por diferentes países y utilizaba muchos mecanismos para pasar lo más inadvertido posible”, pero “lo importante es que se ha logrado el objetivo y se ha cumplido un mandato judicial”, ha concluido.
También la secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García, se ha congratulado de la detención de Rodríguez de Castro, y ha señalado que espera “que diga dónde está el dinero extraviado”.
En una nota, García ha recordado que el 'caso Rilco' fue “un escándalo sin precedentes en la década de los 90, donde se esquilmaron las arcas públicas como prueba la condena ratificada por el Tribunal Supremo, que señaló la malversación de caudales públicos y el fraude en la obtención de subvenciones públicas”.
En este sentido, ha añadido que “tardó en celebrarse el juicio y mucho tiempo en resolverse todo, pero al final los tribunales de justicia nos dieron la razón en todo lo que habíamos estado denunciado durante años y que el PP trató en todo momento de ocultar”.
García además ha subrayado que “esa corrupción sistémica que se dio en aquellos años durante las dos legislaturas de Aznar y que tanto daño le hizo al Consorcio hipotecando su futuro, es la misma que después hemos visto en multitud de ocasiones en los innumerables casos indecentes que afectan al PP en todo el país”.
Asimismo, ha señalado que “Rodríguez de Castro tenía de padrinos políticos al dúo que por aquella época protagonizaban Teófila Martínez y Rodrigo Rato y seguramente es conocedor de todos los detalles sobre su manera de gestionar el dinero público”.
“Ya sabemos por la experiencia de Rilco cómo entiende el PP todo lo que concierne a la logística", ha apuntado, precisando que, antes de concluir afirmando que "como pudimos escuchar durante el juicio, la que fuera alcaldesa y presidenta del Consorcio era conocedora de todo”.
Por otro lado, David Navarro, concejal de Hacienda, indicó que “la noticia dota de alegría después de tanto tiempo y tanta expectación que ha generado uno de los prófugos más famoso de los últimos tiempos en Cádiz”. Para Navarro “es una buena noticia para aquellos que estábamos ansiosos por saber qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en Zona Franca porque este señor ha ido insinuando que quizás había algún tipo de implicación de la concejala Martínez (por Teófila Martínez, del PP) y su marido”.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Cádiz dictó en marzo de 2015 una orden internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra Rodríguez de Castro, la cual incluía la extradición a España del reseñado en caso de que fuera localizado en el extranjero. Cabe recordar que, en la etapa del Gobierno del PP, Manuel Rodríguez de Castro fue delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, concretamente desde julio de 1996 hasta febrero de 2001, fecha en la que fue cesado del cargo a petición propia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo emitía el pasado 11 de marzo de 2015 una sentencia confirmando la condena a ocho años de cárcel impuesta por la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz el 22 de julio de 2013 por el 'caso Rilco', cuyo juicio se celebró desde el 24 de marzo de ese año y se prolongó durante once días. Asimismo, el TS le imponía una multa de ocho millones de euros por un delito de fraude en la obtención de subvenciones, estimando de esta manera parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por el PSOE de Cádiz, en cuanto que reclamaron que la sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz había omitido la pena de multa ahora impuesta.
El Supremo confirmaba el resto de la condena: seis años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y otros dos años de cárcel por fraude en la obtención de subvenciones públicas.
A la pena de cárcel se suman 30 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Del mismo modo, el TS estimaba el recurso del abogado del Estado, apoyado por el fiscal y por el propio condenado, y retiraba los 235.500 euros que le habían sido impuestos por responsabilidad civil derivada de los delitos objeto de condena, al considerar que en esa materia se debe estar a lo establecido por el Tribunal de Cuentas en la determinación de la responsabilidad contable, que ya le condenó en 2011 a pagar los 1,6 millones de euros en los que perjudicó a los caudales públicos del consorcio.
Por otro lado, durante este último año, envió algunos mensajes a medios de comunicación en los que arremetía contra antiguos compañeros del PP y aseguraba disponer de material sensible.
