La Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) ha pedido investigar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por tres ayudas de dos millones de euros cada una concedidas entre el 2007 y el 2010 a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir para cursos de formación destinados a desempleados.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que el dinero recibido no ha sido justificado por la Mancomunidad ni se conoce el destino que se le ha dado, que no ha sido para actividades formativas, han precisado las fuentes.
"El dinero no iba a los trabajadores, se difuminaba cuando llegaba a la Mancomunidad", han señalado las fuentes consultadas para resumir lo que ocurría con las subvenciones anuales de dos millones de euros que la Junta concedía a la Mancomunidad para actividades formativas.
Las fuentes han señalado que desde el 2007, la Junta de Andalucía no se preocupó de pedir justificaciones de los gastos "ni siquiera molestarse" en hacer las exoneraciones especiales de la Mancomunidad, lo que se realizaba de manera automática y suponía conceder "carta blanca" a la entidad supramunicipal.
Para la investigación de este caso, la Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) pidió el 19 de abril pasado que el juzgado de Lebrija 1 se inhibiera en favor de los de Sevilla para que la causa se reparta, lo que acordó el juzgado de la localidad sevillana el pasado 13 de mayo.
La facultad de exonerar corresponde exclusivamente al consejero de Empleo, por lo que las fuentes han señalado que el caso es competencia de un juzgado de Sevilla y no de los de Lebrija, donde se investigan otras diez piezas por otras tantas subvenciones concedidas a la Mancomunidad.
También se justifica la competencia en los juzgados de Sevilla porque se trata de un mismo acto -la subvención anual- y por una misma persona -el exconsejero-, cuya sede laboral está en la capital andaluza, según las fuentes.
La Junta de Andalucía no se habría preocupado de reclamar las preceptivas justificaciones de los gastos, eximiendo de esa obligación a la Mancomunidad, y la Fiscalía intuye que el máximo responsable de ese descontrol era el propio consejero, el único con capacidad para liberar a un beneficiario de esa entrega de documentación.
A Fernández se le abriría así un nuevo frente judicial que se sumaría al de los ERE y al de los propios cursos de formación de la Junta, en ambos casos imputado. La investigación de las ayudas a la Mancomunidad sólo prescribirían en 2017 si antes no se abre la investigación contra el exconsejero.
La Fiscalía de Dos Hermanas ya pidió el pasado mes de abril al Juzgado número 1 de Lebrija, que en paralelo investiga otras diez causas, que se inhibiera en favor de los juzgados de Sevilla al ser el extitular de Empleo el máximo responsable de las presuntas irregularidades. Fernández se enfrenta ahora a la acusación de prevaricación al entender el Ministerio Público que su actuación fue clave en las exoneraciones.
