La Dirección General de Tráfico (DGT) ha abierto una investigación ante posibles irregularidades en las adjudicaciones de cursos a las autoescuelas para recuperar puntos del carné de conducir.
Fuentes de la DGT han confirmado a Europa Press que, tal como adelantaba el diario 'El Mundo', el organismo estatal de tráfico ha iniciado una investigación interna para esclarecer "que hay de cierto" en las acusaciones.
Según grabaciones a las que ha tenido acceso este periódico, se habrían producido amaños en las concesiones de los cursos para recuperar puntos dentro del sistema de carné por puntos (que estos días celebra su primera década de funcionamiento), de forma que estos habrían quedado "monopolizados" por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), presuntamente con la colaboración de la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera.
Las fuentes consultadas en el organismo de tráfico señalan que el sistema de adjudicación de los cursos no contempla que la DGT pueda percibir ningún ingreso por esta actividad y que actúa únicamente como intermediario. "No cobramos nada ni de los entes que imparten los cursos ni de las personas que los realizan", aseguran.
Además, aseguran que el sistema de "concentración" que ha llevado a la situación de monopolio de los cursos para recuperar los puntos del carné de conducir estaba "previsto" en el diseño original del sistema, e indican que la DGT "llevaba intentando cambiar el sistema desde 2012". "El monopolio venía por ley, no es una opción que uno pudiera optar", explican.
De hecho, subrayan que en el texto que el organismo de tráfico propuso para la reforma de la Ley de Seguridad Vial se incluía una modificación en un epígrafe para cambiar el sistema de reparto de los cursos, pero que luego, dicha modificación fue suprimida durante la tramitación parlamentaria del texto. "No sabemos lo que ocurrió", aseguran.
En todo caso, señalan que el concurso para adjudicar los cursos que se lanzó en septiembre de 2015 y que ganaron la UNED y Pons Seguridad Vial (y que luego ha sido recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y ante la Audiencia Nacional para paralizar la adjudicación y cambiar la adjudicación original) pretendía precisamente "romper esa situación de monopolio" que se estaba dando hasta entonces.
