El gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz (PSOE-PA) ha calificado de "calumniosas" las manifestaciones del PP sobre posibles irregularidades de procedimiento administrativo en la reversión del edificio Valcárcel, motivo por el que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales.
En un comunicado, el gobierno de la Diputación ha considerado "del todo improcedentes" las manifestaciones del portavoz del PP, José Loaiza, quien vierte "graves acusaciones" acerca del procedimiento en virtud del cual se ha realizado, "con todas las garantías de legalidad", la resolución del "prolongado contencioso" en torno al edificio Valcárcel, con la cual "se pone a disposición de la ciudad de Cádiz una interesante posibilidad de desarrollo universitario y hotelero".
En este sentido, ha aseverado que "toda la tramitación del expediente que fue finalmente aprobado en el Pleno del pasado miércoles se ha realizado con plenas garantías legales, sin que se haya registrado reparo alguno de legalidad por parte de la Secretaría ni la Intervención".
En segundo lugar, ha destacado que el planteamiento del PP de recurrir al Consejo Consultivo ante una "supuesta oposición" del contratista es "errónea" ya que "no existe" la misma.
Tanto es así que, "tras notificarse el contenido del acuerdo plenario a Zaragoza Urbana, en la mañana de este viernes se ha rubricado el convenio fruto del mismo. Independientemente de esa evidencia, el traslado al Consejo Consultivo no es preceptivo", ha enfatizado.
En tercer lugar, ha indicado que las cantidades económicas con las que el Loaiza "pretende confundir" a la opinión pública tienen "una sencilla traducción". Al respecto, ha indicado que "la Diputación ha recuperado el edificio histórico de Valcárcel para ponerlo a disposición de la Universidad de Cádiz, al tiempo que posibilita un desarrollo hotelero en la parcela anexa; y todo ello sin coste alguno para esta Corporación ni, consecuentemente, para la ciudadanía de esta provincia".
Por otro lado, ha resaltado que "el ordenamiento jurídico en ningún caso prohíbe a las Administraciones Públicas la transacción sobre sus bienes. La permite expresamente no sólo para apartarse de litigios judiciales sino, como es el caso, para evitarlos".
Además, ha indicado que las apreciaciones de Loaiza sobre las supuestas indemnizaciones con motivo del traslado de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones "no responden a las estipulaciones del contrato rubricado en 2003".
De la misma manera, el gobierno de la Diputación ha resaltado que "lejos de lo que afirma el portavoz del PP, la Diputación no conmuta ninguna deuda con Zaragoza Urbana por una parte de la parcela, ya que dicha parcela es propiedad de la referida empresa".
Finalmente, ha insistido en que, ante "la gravedad de estas y otras manifestaciones, incluidas aquellas en las que el portavoz del Grupo Popular imputa expresamente la comisión de delitos, este gobierno de la Diputación provincial se reserva su derecho a emprender las acciones judiciales oportunas", al entender que "no se deben a un ejercicio de ignorancia, sino a una premeditada mala fe impropia del ejercicio de la crítica política".