El Defensor del Menor, Jesús Maeztu, ha emitido una resolución, a raíz de la queja de oficio abierta por el caso del menor abandonado por su madre en marzo de 2016 en Almonte (Huelva), en la que solicita la elaboración de un programa especial de intervención con familias emigrantes temporeras con hijos.
Los hechos que han dado lugar a esta resolución, a la que ha tenido acceso Efe, tuvieron lugar el 3 de marzo de 2016 cuando la Policía Local de Almonte detuvo a F.E.A., una mujer de nacionalidad marroquí y 28 años, por delitos de abandono y malos tratos contra su hijo de 7 años al que dejó en la habitación en la que ambos vivían con otra familia rumana, cerrada con un candado, mientras ella trabajaba.
El Defensor del Menor hace constar en su resolución, después de recibir los informes pertinentes del Ayuntamiento de Almonte, que en este caso, los servicios sociales municipales actuaron a demanda de la madre y recabaron información sobre la familia en el momento en que tramitaron la documentación necesaria para la obtención del permiso de residencia y trabajo, llegando incluso a desplazarse al domicilio familiar, pudiendo acreditar tanto las características del hogar familiar como la red familiar de apoyo con que contaba la madre y sus circunstancias socioeconómicas.
La situación de precariedad antes descrita, según el Defensor, se ha de poner en el contexto en la "ya de por si precaria situación en que se encuentran los inmigrantes trabajadores temporeros en faenas agrícolas" que se acrecienta en el caso de hijos a su cargo.
Entiende que la situación de estos menores "los haría merecedores de una especial atención para evitar la situación de riesgo que sufrirían al no disponer sus progenitores de redes familiares y sociales de apoyo que les auxiliaran en su cuidado, situación que es especialmente delicada en los casos en que los hijos no estuvieran en edad de escolarización obligatoria y también en los períodos fuera del horario lectivo y en vacaciones".
Por ello, cree que en estos casos "no basta con actuar a demanda y de forma limitada, lo cual implicaría asumir como inevitables hechos como los ocurridos en esta queja", sino que "se hace indispensable una actitud proactiva, con destacado empeño en una labor preventiva de situaciones de riesgo que consideramos previsibles y evitables".
Por ello, el Defensor recomienda que se elabore un programa especial de intervención con familias emigrantes temporeras con hijos a su cargo, residentes en ese municipio, para que dispongan de medios con que conciliar su vida laboral y familiar, y que, en todo caso, quede garantizado que los menores se encuentran correctamente atendidos, con la cobertura de sus necesidades básicas.
