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La Justicia investigará al presidente de Murcia

Por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por el TSJRM

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El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, será investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que ha asumido hoy el caso dada su condición de aforado.

Este caso tiene su origen en la querella presentada por la fiscalía superior de esa comunidad hace ahora dos años, en la que se indicaba que en el concurso y adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, realizadas cuando Sánchez era alcalde de esa localidad, se habrían cometido presuntamente los delitos por los que ahora se acuerda incoar las diligencias.

El auto del juzgado lorquino computa entre 2006 y 2010 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de las obras, dice que hay gastos e IVA duplicados en la certificada, que se autorizó una certificación de 2,2 millones sin justificar y que fueron recepcionadas sin estar acabadas con el visto bueno Sánchez, que las declaró "en buen estado y conforme a las prescripciones previstas".


El auto dictado hoy por la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM respalda esa exposición motivada del juzgado instructor y señala que contiene "una concreta e individualizada participación" de Sánchez en ellos cuando fue regidor lumbrerense.

En contra de lo sostenido por la defensa del hoy presidente murciano, que argumentó que la causa debía ser devuelta al juzgado de Lorca por considerarla inconclusa, el TSJRM dice que no existe obstáculo alguno para asumir la competencia dada la condición de aforado de Sánchez.

En cuanto a lo alegado por su abogado en el sentido de que el juzgado lorquino tiene incoada una pieza separada sobre el recorrido de los seis millones de subvención del Gobierno de Murcia al ayuntamiento para las obras del auditorio, el TSJRM dice que tampoco ello constituye un obstáculo para adoptar la decisión tomada hoy.

Al respecto, añade que ningún obstáculo legal existe para que esa pieza separada continúe su desarrollo, aunque ordena al juzgado que si en algún momento aparecen indicios o datos que tengan relación con la pieza principal, se lo comunique "para adoptar la resolución que en tal momento proceda".

Por otra parte, el auto recoge que asume la competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar, a la veintena de personas ya investigadas en el caso, entre ellas, los concejales que aprobaron el concurso para la construcción del auditorio, funcionarios municipales y el arquitecto redactor del proyecto.

La resolución acuerda también designar instructor de la causa al magistrado Julián Pérez-Templado, quien a partir de ahora practicará las diligencias de prueba que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos, dentro de las cuales es previsible que llame a declarar a Sánchez.

El auto puede ser recurrido en súplica en el plazo de tres días.

Tras conocerlo, la portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha dicho que es "el comienzo para que todo se aclare cuanto antes" y ha pedido "respeto a la justicia y a sus decisiones"

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha afirmado que pedirá su dimisión si es llamado a declarar como investigado y ha recordado que el acuerdo de investidura firmado entre la formación naranja y el PP es "vinculante" y lo compromete a dimitir "si es imputado por corrupción política".

Por su parte, el secretario general del PSOE murciano, Rafael González Tovar, ha afirmado que Sánchez estaría "imputado mucho antes" si no estuviera aforado y que ahora se abre un "compás de espera" hasta que se den los "siguientes pasos", en alusión a que pueda ser llamado para declarar en calidad de investigado.

También se ha manifestado en este sentido el secretario general de Podemos en la comunidad de Murcia, Óscar Urralburu, para quien a Sánchez "se le acaba el tiempo" y ahora tendrá que elegir "su propia deriva judicial" o "atender las necesidades de la región".

Por su parte, el portavoz parlamentario autonómico del PP, Víctor Martínez, ha vaticinado que se archivará la acusación, "como ha sucedido en 16 ocasiones anteriores", y ha confiado en que "todo se aclare cuanto antes y se resuelva favorable y satisfactoriamente".

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