El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha zanjado el contencioso abierto por un agente de la Policía Local contra el Ayuntamiento de San Roque, al que acusaba de vulnerar sus derechos de libertad sindical, y de discriminación a raíz de la reestructuración de dicho cuerpo llevada a cabo en el anterior mandato (2011/15).
Un primer juzgado desestimó su demanda en 2015, por lo que el agente apeló al TSJA, que tampoco le dio la razón aunque le permitió presentar recurso. Tras recurrir de nuevo, este tribunal ha vuelto a desestimar el caso, imponiendo al policía el pago de las costas y advirtiéndole de que en esta ocasión “no cabe recurso”.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, dio a conocer ayer esta última sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. El primer edil estaba acompañado por la delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano; y por su homólogo en el anterior mandato, Juan Manuel Ordóñez.
El agente recurrió a finales de 2013 los cambios en la estructura de los servicios de Seguridad Ciudadana, donde destacaba la modificación de los turnos de trabajo de los policías. Entre otras cuestiones, el policía aducía la supuesta vulneración del derecho de libertad sindical y una discriminación en la selección de destino.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras desestimó su demanda en primera instancia. El agente recurrió al TSJA, que en mayo de 2015 refrendó la decisión del juzgado algecireño, aunque le permitió presentar nuevo recurso. En esta ocasión, una sentencia de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA fechada el pasado 30 de enero vuelve a desestimar el caso, aunque también indica “que no cabe recurso” a esta decisión.
El alcalde indicó que “esta resolución judicial vuelve a respaldar las decisiones de este Gobierno municipal. En este caso concreto, las tomadas por el delegado de Seguridad Ciudadana en el mandato anterior, quien en todo momento trató de prestar el mejor servicio a los ciudadanos, conjugándolo con el respeto al trabajo de todos los agentes”.
“Entonces -resumió Ruiz Boix- se tomaron decisiones para redistribuir los recursos humanos, concretamente los grupos de trabajo. Un agente trató de motivar argumentos contra esa decisión y planteó un recurso, que fue rechazado por el Ayuntamiento, por lo que apeló a los trbunales. Su denuncia fue tumbada en primera instancia y, por ello, recurrió en dos ocasiones a una instancia superior, el TSJA. En definitiva, el policía nos acusaba de vulnerar sus derechos constitucionales y, a través de la prensa, se trató de manchar la imagen de este Gobierno”.
“Concluye la sentencia -recalcó el primer edil- que la organización de los servicios de la Policía Local corresponde al Ayuntamiento, al Gobierno Municipal y al alcalde como jefe máximo de dicho cuerpo. O sea, que tenemos la potestad de organizar los servicios municipales de la manera más útil para los ciudadanos, siempre que se haga conforme a Ley”..
