La Fiscalía ha retirado la petición de cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez (PSOE), en la última sesión del juicio que se ha seguido contra él en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada por la adjudicación de las obras de una rotonda de acceso a la localidad, al no mantenerle los cargos por malversación de caudales públicos, si bien le sigue solicitando ocho años de inhabilitación por supuesta prevaricación.
En la calificación definitiva del Ministerio Público, a la que se ha adherido la acusación popular que representa al PP, que denunció el caso cuando gobernó en el Ayuntamiento de Armilla, la fiscal ha retirado la petición de pena que hacía por el supuesto delito de malversación, que incluía también ocho años de inhabilitación, tanto a Gerardo Sánchez como al jefe del área de Urbanismo y el gerente de la empresa mixta Armigesa.
Este último queda fuera del caso al retirársele también la petición de ocho años de inhabilitación que se le pedía por un supuesto delito de prevaricación perpetrado por funcionario público, que sí se mantiene para el alcalde de Armilla y el otro acusado que pasan a enfrentarse, por tanto, a una petición de ocho años de inhabilitación frente a la inicial de 16 años que se desprendía del escrito de conclusiones provisionales.
La representante de la Fiscalía ha subrayado durante el razonamiento de sus conclusiones definitivas que la petición de ocho años de inhabilitación para el alcalde de Armilla por supuesta prevaricación se basa en la "ausencia completa de un sustento jurídico" al procedimiento de contratación de las obras que se inicia conforme a una decisión que "no tiene carácter escrito, absolutamente verbal" y "unilateral". Con el jefe de área, se tomó "prescindiendo de las normas más elementales que se recogían sobre la materia".
Con base en la información que sobre las obras y su tramitación se ha puesto de manifiesto en las pruebas practicadas en el juicio, que queda este miércoles visto para sentencia, la fiscal ha hecho hincapié en que si el alcalde quería "estar asesorado desde todos los puntos de vista para llevarlas a cabo, ¿por qué la parte jurídica no aparece por ninguna parte?".
Asimismo, se ha referido al posterior "informe devastador" de la secretaria del Ayuntamiento en que resalta que no hubo encomienda de gestión, que el proyecto no formaba parte del acuerdo con Armigesa --la empresa mixta que se encargó de desarrollar las obras-- y que no existió expediente de contratación ni cumplimiento de la ley de contratos públicos.
En las reuniones que se produjeron para su tramitación --y que no fueron documentadas "ni una ni ninguna"-- "nunca fue llamada" la secretaria, ha añadido la fiscal que ha resaltado que la identidad del jefe de servicio de Contratación "nunca se concreta" lo cual "llama la atención" porque "su testimonio habría sido tan importante que hoy no estaríamos aquí" haciendo "cábalas" de haber dispuesto del mismo.
En su declaración ante el tribunal, Gerardo Sánchez, cuya defensa pide la libre absolución al igual que la del jefe de área, señaló que tramitó el proyecto siguiendo el procedimiento que le indicaron los técnicos, y afirmó que el juicio ha respondido a un "proceso político".
"Nadie, ni en el ámbito municipal ni en el ámbito de la empresa" mixta Armigesa, le "advierte de que no era la vía correcta para llevar a cabo la actuación", y que "hubiera sido ilógico hacerlo de otra manera" porque existía esta empresa constituida para la gestión de residuos y mantenimiento de jardinería y limpieza en el municipio granadino de Armilla.
La decisión de llevar a cabo las obras de remodelación y ajardinamiento las toma él "como impulsor de los temas municipales" pues la rotonda debía estar acondicionada "acorde a la entrada de una ciudad como Armilla", declaró Sánchez que, para activar el procedimiento, señaló que reunió, como era habitual, a los responsables de Secretaría e Intervención así como a los jefes de servicios de Contratación y Urbanismo, y el arquitecto municipal quienes dieron el "visto bueno" al proyecto que ha supuesto el contrato "más grande de la historia" del municipio.
"Actué con toda la tranquilidad del mundo porque seguía todas las indicaciones" de los técnicos comenzando por la petición de permiso al propietario de los suelos, el Ministerio de Fomento, adujo el regidor armillero defendiendo además que el procedimiento fue el mismo que se siguió para otras obras como la de los jardines de entrada de la Base Área, si bien reconoció que fue "la primera vez" que se optó por financiar los trabajos con cargo a los dividendos del Ayuntamiento como socio de la empresa.
Según la Fiscalía, los hechos se remontan a marzo de 2010, cuando se decidió ejecutar con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento las obras de remodelación y ajardinamiento de la rotonda existente en el término municipal, bajo la A-44, en unos terrenos cuya titularidad es el Ministerio de Fomento.
El proyecto fue objeto de una memoria de actuaciones suscrita el 21 de abril de 2010 por la mercantil FCC --socio privado en la empresa mixta Armigesa-- y, por "decisión unilateral" del regidor, que lo encargó a esta misma sociedad, de otra 'memoria valorada' inicialmente presupuestada en 292.786 euros que se decidió llevar adelante para ser ejecutada con los recursos humanos y logísticos de FCC como subcontratista.
Esto se tomó por decisión de Armigesa, "sin someterse a ningún procedimiento negociado de licitación, consignación presupuestaria previa, ni fiscalización y contabilización del gasto previsto y de la ejecución del mismo", no existiendo además expediente y contando con la aprobación "de facto" del jefe de área de Urbanismo, un cargo de libre designación.
Para "justificar" esta actuación en terrenos que eran de titularidad estatal, el alcalde solicitó autorización al Ministerio de Fomento para llevarla a cabo, permiso que recibió una vez que ya habían culminado las obras con un coste de 276.259 euros y dos días después de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2011.
Por su parte, la empresa mixta Armigesa cambió sus estatutos para poder actuar incluso fuera de la demarcación propia del municipio y poder legitimar así la realización de estas obras en unos terrenos del Ministerio de Fomento.
La Fiscalía ha sostenido que, con el objetivo de que el proyecto sorteara el control de los órganos de gobierno del Ayuntamiento, "no existió licencia de obras alguna, por entenderla los acusados innecesaria; como también se tuvo por innecesaria la licencia urbanística, cuyo lugar ocuparía la 'memoria valorada'".
En diciembre de 2011, Armigesa giró contra el Ayuntamiento de Armilla su factura de 276.259 euros, ante lo que expuso reparos la secretaría por no constar expediente; el arquitecto técnico de la corporación, al no poder visar ni la factura ni las certificaciones de obra emitidas, y el interventor, por haberse prescindido de los requerimientos presupuestarios y contables, así como del trámite de previa fiscalización.
