La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha citado para el día 6 de abril a dos personas más en el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro de Córdoba, tras la denuncia del grupo parlamentario de Podemos Andalucía sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han comentado que las personas citadas son el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir y un representante de tema fiscal y laboral, todo ello después de que Podemos presentara una ampliación de su denuncia.
Al respecto, la presidenta de la entidad, Ángeles Muñoz, negó ante la juez a principios de marzo las acusaciones que se recogen en la denuncia del grupo parlamentario, de tal modo que manifestó a los periodistas que "donde no hay, no hay", y aseveró que fue "bien" la declaración, al tiempo que subrayó que "Podemos lo único que ha presentado han sido los recortes de prensa".
Igualmente, han declarado el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho y Alejandra Pérez, quien fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital, ligados a la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir, y que han negado los hechos, defendiendo que no tienen "ninguna responsabilidad" en la denuncia, según han apuntado fuentes judiciales.
Mientras tanto, el diputado del grupo parlamentario de Podemos por Córdoba, David Moscoso, quien abandonó los juzgados perseguido por numerosas personas del Polígono Guadalquivir pegando gritos de "ladrón, le quitas de comer a los pobres", ratificó ante la juez la denuncia sobre las supuestas mordidas de los salarios de los empleados y la amplió con "un audio de 45 minutos donde los trabajadores señalan a determinadas personas con cierta vinculación con el PSOE de Córdoba".
También, han puesto a disposición de la juez "un resumen y la demanda para que se ponga en contacto con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para investigar distintas actas de la Inspección de Trabajo, donde se prueba de forma tangible que ha habido mordidas de los salarios de los trabajadores y se han desviado los fondos destinados a la contratación de personal".
"INGENTE DOCUMENTACIÓN"
En virtud de la "ingente documentación", solicitaron a la juez que se amplíe la investigación a un nuevo responsable de la Fundación Guadalquivir, "como parte ejecutora, junto a las otras personas, de los hechos que la propia inspección de la Junta de Andalucía dice en sus actas que son tangibles y están probados".
Asimismo, Moscoso resaltó su labor de "control y fiscalización en la actividad del Ejecutivo", de ahí que hayan pedido "numerosos documentos con una relación de todas las ayudas que la Fundación ha tenido desde su existencia por la Junta de Andalucía", pero "en todo momento se ha negado", lamentó.
Según indicó el parlamentario, "la mordida en un solo periodo, en un programa y con un grupo de trabajadores es de en torno a 18.000 euros", pero "solo se han podido estudiar las actas de una parte por la Junta de Andalucía", si bien "ahora se estudian años precedentes porque puede que sea mucho más", advirtió el representante de Podemos.
Cabe destacar que el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe también firma la denuncia presentada en los juzgados, pero no ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. El grupo parlamentario de Podemos considera que unos 30 trabajadores pagaron cantidades que rondan el 20 por ciento de su sueldo durante periodos de seis meses en los años 2015 y 2016.
Como se recordara, el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho defendió en enero su inocencia ante dicho juzgado, tras declarar como investigado en su condición de presidente de la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro, debido a la denuncia de dos trabajadores en relación al caso de las supuestas mordidas a desempleados.
En concreto, dicha citación se produjo por la citada denuncia de los empleados, que ya han declarado ante la juez que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta mediante un sistema de ayudas finalistas y del que presuntamente se beneficiaron, además de la citada entidad, la Fundación Guadalquivir Futuro y Nuevo Guadalquivir, todas ellas de la zona sur de la capital.
LA INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA
Mientras, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta realizó una investigación a instancias de la Inspección de Trabajo, que elaboró un informe de actuación sobre las tres entidades, en el que concluye que parte de la subvención recibida se ha destinado a un fin diferente al que marca la normativa: sufragar salarios de los trabajadores beneficiados y seguros sociales.
De este modo, el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, explicó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades, y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron.
