Agentes del equipo de investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga ha procedido a la investigación judicial de 35 personas --promotores y constructores-- como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio, por la construcción de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable en el municipio malagueño de Villanueva de la Concepción.
La denominada operación 'Oca' se inició en febrero de 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los anteriores alcaldes de la localidad, quien denunció al regidor entrante por la "falta de diligencia" en la resolución de los expedientes urbanísticos iniciados durante su mandato y que habrían quedado paralizados con la actual Corporación municipal, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes realizaron numerosas inspecciones urbanísticas y se analizaron más de 8.000 documentos relacionados con los expedientes urbanísticos, en los que se pudo comprobar cómo después de julio del 2010, por parte de algunos funcionarios municipales, se formularon numerosas denuncias en materia de urbanismo que fueron calificadas por el secretario municipal como "sorprendentes".
Sin embargo se comprobó que por parte de ambos alcaldes se había hecho "dejación voluntaria y consciente de sus facultades de disciplina urbanística", provocando que los expedientes sancionadores y de reposición de la realidad urbanística incoados terminasen sin resolución o sin imposición de sanción alguna o medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado, permitiendo de este modo que las diversas construcciones ilegales en suelo no urbanizable permanecieran sin alteración ni sanción alguna, pese a tener conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo.
La investigación ha sido llevada a cabo bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, quien ha interpuesto querella contra los dos alcaldes por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
Desde el Seprona de la Guardia Civil han recordado que la realización de una construcción careciendo de la preceptiva licencia y/o otros permisos o en suelos donde no esté permitido por los planeamientos urbanísticos u otras figuras que lo protejan, está enmarcado en el vigente Código Penal como delito contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y el medio ambiente.
Además de los "graves daños al medio ambiente que la misma puede producir, puede acarrear sanciones penales y la restitución del bien jurídico protegido, que podría llegar a la demolición de lo construido", han precisado desde el instituto armado.
Asimismo han aludido a la "cautela" de los futuros compradores y/o promotores a la hora de elegir el emplazamiento de compra o futura construcción, debiendo solicitar en su Ayuntamiento toda la información sobre la propiedad, y las licencias y otras autorizaciones necesarias a obtener, ajustándose a lo proyectado por los técnicos.
