El documento ha salido adelante con el voto a favor de diez comunidades o ciudades autónomas, mientras que las nueve restantes se han abstenido y no se ha registrado ningún voto en contra.
Respecto a los asuntos pendientes, señaló que han quedado "perfectamente aclarados". Al respecto, citó la eliminación de algunas referencias al Fondo de Compensación Interterritorial, que no forma parte del modelo de financiación y que la Junta pensaba que no debería estar incluido.
Igualmente, se han aclarado las referencias temporales numéricas a las que hacían referencia algunos de los cuadros que contenía el documento remitido por el Ejecutivo nacional y que, como la propia consejera explicó, era necesario que estuviesen recogidas para saber que están referenciados los euros exactamente a las cantidades que se están fijando.
Aguayo destacó que el nuevo modelo es "plenamente coherente" con la propuesta que presentó Andalucía en el año 2006 y, "en un porcentaje muy alto" se adecua a la hoja de ruta que ésta marcó. Además, "nos da una importante cantidad de recursos", añadió.
"Nos parece un reconocimiento muy importante a nuestras posiciones al reconocer la población edad escolar, la población dependiente y los menores de cuatro años" entre las variables, valoró la responsable económica andaluza, para quien también es especialmente significativo el hecho de que la propuesta del Gobierno haya sido aprobada sin ningún voto en contra.
Cifras
El nuevo modelo confirma las cifras adelantadas por la Junta de Andalucía al haber realizado ésta "unas estimaciones correctas", señaló Martínez Aguayo. Es decir, un total de 3.133 millones de euros adicionales, de los cuales 1.795 corresponden a fondos adicionales en términos normativos de igualdad con el resto de las comunidades, 390 millones como resultado de la aplicación real del modelo y otros 948 millones de euros como asignaciones que tienen que ver con competencias exclusivas de la comunidad. En concreto, se trata de la transferencia del Guadalquivir y del hecho de que el Estado acepte participar en los gastos de explotación de los metros andaluces.
Tras la reunión, que se prolongó durante cuatro horas, Martínez Aguayo subrayó que el nuevo sistema dará más autonomía financiera a las comunidades autónomas, además de favorecer la igualdad entre todos los españoles y su acceso a los servicios básicos.
Reivindicaciones
La consejera de Economía ha reiterado también que todo el proceso seguido "ha sido bastante transparente", ya que se han producido "al menos, cuatro o cinco reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se ha discutido este documento".
Igualmente, ha opinado que esta negociación ha tenido mucha más claridad que la que permitió llegar al sistema vigente hasta ahora, en la que no se conocieron "ni las ponderaciones ni la lógica en la que se movía prácticamente hasta que no se liquidó por primera vez", en el año 2004. "Entendemos que se ha negociado con mucha más transparencia que en ningún otro", ha asegurado.
Respecto a las ventajas del nuevo modelo para los andaluces, se ha referido a los 3.133 millones de euros adicionales que va a suponer, pero también a la mayor autonomía financiera de las comunidades autónomas, al ampliar la cesión de los tributos.
Además, ha declarado que busca la igualdad, al tener a la población como "elemento nuclear", a través de una financiación por habitante en los servicios fundamentales. Por ello, ha destacado que reparte un importante volumen de fondos adicionales en virtud de cómo se ha incrementado esa población desde el sistema actual. Todo esto supone una mayor "lógica" respecto a los servicios que deben prestar las distintas regiones.
El nuevo modelo de financiación autonómica supondrá en total unos recursos adicionales ligeramente superiores a los 11.000 millones de euros en 2012, cuando se aplique por completo. Una vez aprobado el texto, deberá ser votado en el Congreso de los Diputados para convertirse en ley orgánica, y ser discutido después por las comisiones de transferencias de las distintas comunidades autónomas. En caso de que se le dé luz verde, la reforma entrará en vigor desde el 1 de enero de 2009 y se pondrá en marcha de forma gradual hasta el año 2012.
