La fiscal Anticorrupción que ha llevado el caso 'Saqueo II' en la Audiencia Nacional ha pedido que se expida solicitud de extradición del exedil andalucista de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que ha estado fugado once años y desde hace unas semanas permanece detenido en Argentina; al considerar, según han indicado fuentes judiciales, que no han pasado los plazos de prescripción.
La Policía Nacional registró la vivienda del exedil el 27 de junio de 2006, en plena segunda fase de la operación 'Malaya', y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconocía su paradero hasta ahora.
Este caso se investigó en el Juzgado Central de Instrucción 2 y el ministerio fiscal acusó al exedil de los delitos de malversación de caudales y de falsedad, solicitando nueve años de prisión y más de 7,8 millones de euros de responsabilidad civil.
Tras acordarse la apertura de juicio oral y no poderse notificar dicha resolución a Fernández al no ser encontrado, se decretó la busca y captura. En 2014, según han indicado a Europa Press las fuentes, se declaró la rebeldía por parte de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
Así, la Fiscalía solicita ahora que se tramite la solicitud de extradición a las autoridades argentinas para que se juzgue a Fernández por estos hechos, según las fuentes, teniendo en cuenta los delitos por los que se le acusó y que está vigente la requisitoria que se dictó en su día.
Por su parte, la Fiscalía de Málaga pidió a los juzgados marbellíes información sobre los procedimientos pendientes y el estado en el que se encuentra Fernández en los mismos para ver en cuáles procede solicitar la extradición en función de si el delito está o no prescrito.
Según consta en el auto de procesamiento del caso 'Malaya', dictado en julio de 2007 por el juez Miguel Ángel Torres cuando el exedil ya se había fugado, en ese momento estaba inmerso en unos diez procedimientos penales por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y malversación, entre otros.
Asimismo, se analizará el auto de procesamiento del caso 'Malaya' para ver los hechos que se le imputan de forma indiciaria, ya que prácticamente no se le investigó porque se fugó en su inicio. En dicha resolución se indica que se analizaron cuentas suyas y de empresas vinculadas a él, constando una suma de abonos de 19,9 millones de euros.
La única condena que tiene Fernández --que no ha cumplido-- es de dos años de cárcel y tres de inhabilitación por la malversación de 82.639 euros de subvenciones del Consistorio marbellí para el pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998. En este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia y el Supremo no admitió a trámite el recurso.
La Sección Tercera de la Audiencia, que es la que tiene este procedimiento, remitirá toda esta causa, tramitada según la Ley del Tribunal del Jurado, a la Fiscalía para que la estudie y analice la situación de Fernández en la misma, según han señalado otras fuentes. Además, el exconcejal estuvo inmerso en el caso 'Saqueo II'.
Además, han apuntado que en las causas con delitos penados con menos de un año de prisión habrá que ver si el convenio de extradición con Argentina permite pedirla, en caso de que no estuviera prescrito.
