La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Social, ha destinado hasta noviembre un total de 9,65 millones de euros a familias sin recursos económicos de la provincia de Granada.
Lo ha hecho a través del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como Salario Social, que permite a 4.048 familias, (con tres miembros de media por familia, aproximadamente un total de 12.140 personas) percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses.
Estos datos han sido presentados por el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada, Higinio Almagro, al término de la Comisión de Valoración celebrada en la sede de la Delegación e integrada por miembros de los sindicatos, empresariado, Diputación y diversas áreas de la Junta de Andalucía.
El responsable de la Junta en Granada ha destacado el "gran esfuerzo y compromiso del Gobierno andaluz, por mantener políticas sociales, a la vez que favorece la empleabilidad y la búsqueda activa de empleo de los colectivos más vulnerables de nuestra provincia".
El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas. La cuantía es equivalente al 62 por ciento del SMI actual, para personas individuales, más un complemento del 8 por ciento del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de 6 meses no prorrogables.
El cobro de la ayuda lleva aparejado el apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción social, y aquellos otros que se exigen a los integrantes de las Unidades Familiares para poder ser beneficiario de ésta ayuda.
La comisión es también la encargada de aprobar los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir los beneficiarios del mismo, en concreto los relativos a la escolarización y asistencia regular a clase, asistencia a cursos de educación de adultos; al control sanitario familiar y a participar en los proyectos de economía social y de inserción, entre otros.
