Aunque ninguna de las partes quiera hablar de una estrategia de dilación premeditada para no cerrar el acuerdo el 15 de julio -como se pretendía- y todas hayan insistido en la necesidad de dejar la Concertación al margen de estrategias nacionales o de intereses concretos sectoriales, lo cierto es que la premura y la urgencia con la que se presentó el 18 de junio nunca llegó a traducirse en un trabajo efectivo.
Con tiras y aflojas a cuenta de los desacuerdos en los convenios colectivos, con amenazas de huelga en algunos sectores económicos -en el turístico aún se mantiene- y obviando la trascendencia que tendría que patronal y sindicatos no llegaran a un acuerdo en época de crisis, cuando sí lo han hecho -y se han beneficiado de ello- en años de bonaza económica, ahora las aguas vuelven a su cauce.
Volver a la normalidad significa negociar como siempre pero, como querían, a partir de septiembre y después de que se hayan dado cuenta de que los conflictos por los convenios colectivos deben tratarse en su sitio y al margen de la Concertación.
Y todo ello con un escenario de casi un millones de parados andaluces, con innumerables empresas asfixiadas por la falta de liquidez y la ausencia de respaldo financiero, lo que se traduce en unas perspectivas para el mes de septiembre que asustan a más de un empresario, a más de un trabajador y a más de un autónomo.
Empresas viables en crisis
De hecho, el principal acuerdo al que se llegaba el pasado 30 de julio en la reunión técnica con la Consejería de Empleo era la creación de un foro o mesa de trabajo incluida en uno de los dos ejes del borrador inicial para abordar la situación de crisis que padecen empresas viables que no acceden al crédito ni tienen liquidez y se ven abocadas a la destrucción de puestos de trabajo.
Para las partes, es necesario dar solución a estos problemas “coyunturales”, por lo que la mesa de trabajo daría más fortaleza a la hora de abordar medidas de choque y de carácter urgente que, por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda ya contemplaba como necesarias en el borrador que les entregaba a mediados de junio.
Tal es así que la propia Carmen Martínez Aguayo, titular de este departamento, ya destacaba la separación en dos bloques del borrador del acuerdo, uno centrado en políticas económicas más a largo plazo y destinadas a cambiar el modelo económico actual a uno sostenible, y otro destinado expresamente a paliar la situación de crisis actual.
Así, el documento planteaba una serie de iniciativas destinadas a apoyar al sistema financiero, reforzar la actividad productiva e incidir directamente sobre el deterioro de la renta de las familias y el mercado de trabajo, entre las que se encuentran líneas de apoyo y financiación a través del ICO, préstamos a través del BEI, facilitar el acceso a la vivienda y la liquidez de las empresas, agilizar la obra pública, programas de naves industriales o suelos para implantación de pymes, o medidas de inserción y destinadas a la empleabilidad, especialmente en sectores emergentes o dependencia.
Además, se ponía especial énfasis en la necesidad de que se mantuvieran los programas de empleo Proteja y Memta, y la consejera recogía la petición de los sindicatos de que se corrigieran las disfunciones que se habían detectado, especialmente las registrados en el pago a los beneficiarios. Destacable entonces la reflexión “a la japonesa” que hacía Martínez Aguayo: “un error es un camino de mejora”, por lo que se evaluarán “para ajustarlos y que cumplan mejor sus objetivos”.
La Junta no sólo aceptaba esta sugerencia sindical, sino que también hacía suya la propuesta de la patronal de incluir la agilización administrativa como parte esencial del nuevo modelo productivo o tener en cuenta a los sectores económicos tradicionales -y no sólo a los emergentes- como básicos a la hora de salir de la crisis económica.
Tras la guerra, aunque sea en el Sercla, de los convenios colectivos, las partes están dispuestas a retomar en septiembre las negociaciones con reuniones tripartitas y tres veces por semana (antes eran dos) para avanzar lo más rápido posible en la firma del VII Acuerdo de Concertación y recuperar el tiempo perdido, aunque nadie quiera reconocer que haya sido así.
La discreción de la Junta.
Los vaivenes que nunca supusieron un atasco para cerrar el documento el próximo otoño.
Desde que comenzaran a vislumbrarse los primeros desencuentros entre empresarios y sindicatos en la negociación del VII Acuerdo de Concertación Social, el Gobierno andaluz ha mantenido el mismo discurso de discreción ante la paralización que en ciertos momentos se ha apreciado, sobre todo coincidiendo con la ruptura de la mesa de diálogo a nivel nacional.
Empezando por la propia consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que ha negado expresamente que se hayan paralizado los trabajos a pesar de que las reuniones pasaran del tradicional formato tripartito al bilateral, pasando por los titulares de Innovación, de Empleo o incluso el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, todos han insistido en que se llegará a un acuerdo, que será en otoño y que se sortearán los “vaivenes” -así los denominó Martínez Aguayo-entre sindicatos y empresarios.
Al final, las aguas se calmarán y ambas partes tendrán que negociar porque estamos en crisis y si antes firmaron, ahora también deberían firmar.
