La Fiscalía de Sevilla solicita una pena de once de prisión para cada uno de los tres acusados por un presunto delito de tráfico de drogas tras ser detenidos en agosto de 2016 por la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que les intervino 812 kilos de cocaína procedente de Colombia camuflados en un supuesto cargamento de fruta y ocultos en el interior de cajas de bananas.
En esta operación conjunta, denominada 'Calima', fueron arrestadas tres personas, J.P.R.R., R.R.R. y R.C.Q., supuestos miembros de una organización que se dedicaba a importar cocaína desde Sudamérica hasta España para su posterior distribución. Los ahora detenidos supuestamente aparentaban realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de fruta desde Sudamérica y para ello contaban con una empresa de frutas, con sede social en Sevilla, que utilizaban como tapadera.
La operación fue realizada por funcionarios de las Unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de las Aduanas de Algeciras y Motril (Granada), y por agentes de la Udyco de Algeciras, la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco Central), de la Udyco de Alicante, la Udyco de Málaga, la Udyco de Sevilla y con la colaboración de la Octris francesa y la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de Ecuador.
La Fiscalía, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, señala que en octubre de 2014 el procesado J.P.R.R. --en prisión desde el 12 de agosto de 2016-- fue nombrado administración único de una empresa, que cambió de nombre y sede social, "dejando de importar y exportar material informático para dedicarse al negocio de la importación de fruta".
Para dar apariencia de legalidad a la empresa referida, según el escrito de la Fiscalía, el procesado realizaba viajes a Colombia, en los que negociaba la importanción, "tanto de fruta como de sustancia estupefaciente". El 7 de junio de 2016 se importó un contenedor de banana fresca y lo mismo se realizó siete días más tarde.
"Una vez que consideró --el procesado-- que existía la apariencia de legalidad, recibió desde Colombia dos contenedores, de los que un porteaba banana fresca y el otro, cocaína", expone el Ministerio Público en su escrito, donde indica que "realizó el transporte de ambos contenedores como si de mercancía legal se tratara, pero en esta ocasión la descarga la realizarían personas de su confianza, que tenían conocimiento del contenido de los contenedores, los también procesados R.R.R. y R.C.Q.", en libertad provisional tras salir de prisión el 23 de septiembre de 2016, donde ingresaron el 12 de agosto del mismo año.
En este sentido, continúa narrando que, al llegar los transportistas a la nave, situada en un polígono industrial de Sevilla, "R.C.Q. recibió a los transportistas, recepción la mercancía e insto a éstos a que se marcharan". Mientras, él y R.R.R. procedían a buscar los palés concretos en los que se encontraba la cocaína para proceder a su almacenamiento y posterior distribución.
El 5 de agosto agentes de Aduanas "sospecharon" del contenido de uno de los contenedores y, previa autorización por auto de 9 de abril del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz), se procedió a examinar dicho contenido y acordar la entrega vigilada de la sustancia.
Las muestras obtenidas, según la Fiscalía, contenían todas ellas "trazas de cocaína" y, una vez debidamente analizado el total de las sustancias intervenidas, se pudo determinar que el lote almacenado en el contenedor indicado contenía "800 paquetes que, en total, arrojaba un peso neto de 812.815,1 gramo, que debidamente analizado resultó ser cocaína con una pureza del 75,6 por ciento".
En este sentido, la Fiscalía indica que con la sustancia intervenida se hubiera obtenido un beneficio en la venta al por mayor de 37.768.293,12 euros; en venta al por menor de 90.099.334,61 euros; y de haber sido suministrada por dosis, de 170.884.210,17 euros.
Para el Ministerio Fiscal, los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo las circunstancias de "notoria importancia simulando operaciones de comercio internacional".
La Fiscalía, que considera a los tres detenidos coautores de los hechos, señala que "procede imponer a cada uno de los acusados la pena de once de años de prisión", con multa.
En el juicio, que se celebrará del 21 al 23 de febrero en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, están llamados a declarar 26 testigos y varios peritos de la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en Campo de Gibraltar, entre otros.
