Huelva deja de mirar para otro lado en una problemática que afecta a todos: los asentamientos chabolistas. Capital y municipios como Lucena del Puerto y Lepe acogen un importante número de personas que viven en unas condiciones posiblemente infrahumanas. Por ello, administraciones y agentes sociales se ponen manos a la obra para coordinar soluciones habitacionales para la población inmigrante. Y se dan el año 2023 como fecha límite para que no haya ningún asentamiento más.
De esto y mucho más se ha hablado este miércoles en el pleno del Foro Provincial de la Inmigración de Huelva, que pretende poner punto y final en cinco años a esta problemática social. Una veintena de miembros representantes de diferentes administraciones públicas, de organizaciones sindicales, de organizaciones empresariales y de entidades sin ánimo de lucro trabajan en mejorar la gestión de la diversidad, facilitar el diálogo y la comunicación entre la población inmigrante y la sociedad de acogida; formular propuestas y recomendaciones para promover desde las administraciones la integración social y conocer los programas y actividades que llevan a cabo los organismos públicos en esta materia.
Tras dicho encuentro, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior, Luis Vargas, ha hecho especial hincapié en el “compromiso” de la Junta, de los ayuntamientos, de los empresarios, de los sindicatos y de las distinas ONGs en darle una solución a los asentamientos. Eso sí, ha asegurado que en “unas 1.800 personas” conviven en chabolas en la provincia onubense “y no esos números tan altos que se habían dicho semanas atrás”. De ahí que en este foro se haya estudiado una serie de propuestas concretas “como la disponibilidad del suelo, el incentivo para alquileres y las segundas viviendas de particulares”, como opciones para erradicar este drama social y que afecta en mayor medida a población inmigrante.
Por otro lado, aparte de Luis Vargas, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, ha explicado que “es fundamental contar con una mesa de estas características en la que se establezca un cauce de participación y debate entre instituciones, empresarios, sindicatos y ONGs para promover la integración social de las personas inmigrantes y se mejore la asistencia durante el tiempo que permanezcan en la provincia”. En este sentido, y dentro de las competencias que le corresponden a la Junta de Andalucía, el delegado ha cifrado en casi 173.000 euros la cantidad aportada durante el pasado año por la Consejería de Justicia e Interior en subvenciones para ayudas sociales a las que se pudieron acoger 15 organizaciones que trabajan con inmigrantes en la provincia de Huelva.
Otra línea fue la destinada a los ayuntamientos de Huelva, Moguer y Almonte en concepto de ayudas para lograr soluciones habitacionales a los inmigrantes que se encuentran en estos momentos en la provincia de Huelva, a lo que se destinó 124.000 euros. Además, Vargas volvió a tomar la palabra para recordar que la Junta ha aumentado para 2018 a nivel regional la financiación para Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva hasta los 75.925 euros, destinadas a las ONGs.
Igualmente, el presupuesto de la Junta ha incrementado en 2018 sus partidas hasta un millón de euros, destinados a las entidades locales andaluzas para que realicen proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes.
