Carmen Martínez Aguayo, quien fuera viceconsejera de Hacienda entre abril de 2004 y de abril de 2009 y consejera del ramo desde esa fecha hasta el 9 de septiembre de 2013, declara este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Tras la modificación del orden previsto en las declaraciones de los ex altos cargos del Gobierno andaluz, este lunes está previsto que comience a las 10,00 horas el interrogatorio a Martínez Aguayo, para quien la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.
La exconsejera de Hacienda declaró el 8 de abril de 2015 en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el caso de los ERE. En declaraciones a los periodistas a su salida, dijo estar "muy satisfecha" y "contenta" de haber podido ofrecer la información que se le ha requerido: "Creo que he aclarado todos los temas y contenta de haber podido aclarar por fin lo que ha sido mi gestión pública, de plena dedicación, totalmente honrada, y dentro de los márgenes de la legalidad y espero que mi honor quede restituido".
Martínez Aguayo, que declaró de forma voluntaria ante el Alto tribunal andaluz, afirmó que tenía "muchas ganas" de hacerlo "desde hace tiempo". "A veces los tiempos de la justicia no son los que son, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo y me siento satisfecha y tranquila de haberlo hecho", ha incidido.
De hecho, ha señalado que confía "plenamente en la justicia" y ha resaltado que ha ejercido su labor con "honradez y honestidad". "Espero que las cosas se sobresean y quede la cosa en un punto final. Yo no temo nada, confío plenamente en la justicia y he hecho lo que tenía que hacer", ha concluido.
NO SE LEYÓ LOS INFORMES DE LA INTERVENCIÓN
El 30 de marzo de 2016, Martínez Aguayo se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante el juez Álvaro Martín, que investigaba la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y se limitó a ratificar la declaración que prestó ante el TSJA dada su entonces condición de aforada.
En su declaración ante el Alto Tribunal andaluz, el 8 de abril de 2015, la exconsejera aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante los informes de la Intervención.
En el auto de procedimiento abreviado del procedimiento específico, de fecha de 31 de mayo de 2016 y firmado por el juez Álvaro Martín, recoge que Martínez Aguayo, en su condición de viceconsejera y consejera, impulsó de manera directa el mantenimiento de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones.
De acuerdo con este impulso aprobó, en su condición de miembro del
denominado 'consejillo' --reunión de los viceconsejeros para preparar los Consejos de Gobierno de la Junta--, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L --con cargo al que se pagaban las ayudas-- y también, por su participación en este organismo, conoció de los proyectos de decreto para la regularización del procedimiento de ayudas y subvenciones.
Como miembro de este órgano respaldó los anteproyectos de presupuestos en los que se recogían de modo indebido las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA, por las que en virtud del convenio marco firmado en 2001 entre ambas para el pago de las ayudas. Como responsable de la Consejería de Hacienda, según el auto de PROA, mantuvo también el procedimiento.
Para mantener el procedimiento propuso como consejera de Hacienda y aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L. Igualmente, aprobó los proyectos de Presupuestos de la Comunidad Andaluza de los ejercicios 2005 a 2009, en los que se contenía, de manera indebida, la transferencia de financiación de la Consejería de Empleo a IFA-IDEA.
En todos los casos la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era "irregular, en los términos expuestos anteriormente, así como que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos a IFA-IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares".
De otro lado, el auto de procedimiento abreviado señala que Aguayo, siendo miembro del Consejo Rector de IFA-IDEA y teniendo acceso a los informes que se estaban realizando por la Intervención General de la Junta, omitió su deber de informar a dicho consejo, así como el de promover en el seno del mismo las medidas que evitasen el mantenimiento de las irregularidades de las que tenía conocimiento.
SESIONES EN SEMANA SANTA
La declaración de Martínez Aguayo, que supondrá el decimosexto ex altos cargo que lo haga, tendrá lugar este lunes, a partir de las 10,00 horas, después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, consultara a las partes tras una nueva petición de aplazar la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández o, en su defecto, que se desarrollara ésta en sesiones de mañana debido a la afonía que aún padece Fernández.
Además, el tribunal ha tenido en cuenta en esta decisión la solicitud planteada el pasado 7 de marzo por el abogado del exconsejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, sustituir las sesiones del juicio por el caso de los ERE fijadas para el Lunes y Martes Santo y el lunes y martes de Feria de Abril de Sevilla por las "dificultades" que están encontrando los letrados que no residen en la capital hispalense para encontrar alojamiento y transporte para esos días.
Así lo expuso el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, explicando que los letrados que no residen en Sevilla y tienen que trasladarse desde otros puntos del territorio nacional para asistir al juicio se han encontrado con "un problema sobrevenido" por el calendario establecido para la vista oral. La alternativa planteada al tribunal era sustituir esas cuatro sesiones por otras de tarde en diferentes lunes posteriores para "no perder sesiones y no alargar el juicio".
El tribunal, de esta manera, propuso que Antonio Fernández, cuyo abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, es sevillano, declarara previsiblemente en las sesiones fijadas para Semana Santa --lunes y martes--, adelantando el turno de Martínez Aguayo, a quien le sigue el ex director general de IDEA Jacinto Cañete.
