La presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se cansa de asegurar que agotará la legislatura y que no habrá adelanto electoral. Lo ha dicho decenas de veces. Pero nadie la termina de creer.
La oposición política anda ya con la maquinaria electoral en marcha. Y en su propio partido algunos intuyen que las elecciones se celebrarán no cuando toque, que es en marzo de 2019, sino cuando el juicio del caso ERE contra dos ex presidentes de la Junta y otros seis miembros del Gobierno andaluz, le dé un poco de aire.
La potestad de convocar las elecciones es exclusiva de la presidenta. La oposición siempre ha dicho que lo hará cuando más le convenga. Lo dice el PP y lo dice IU, que ya fue víctima de sus veleidades al término, adelantado, de la anterior legislatura.
Hasta ahora, los números le salen, más o menos. Y muchos creen que no se va a arriesgar a que una sentencia sobre la que el Ejecutivo no tiene ningún control le mueva el tablero. Hasta ahora, al PSOE la corrupción no le ha pasado factura electoral. El argumento de que es “cosa de cuatro chorizos” le ha funcionado. ¿Pero le funcionará cuando esos “cuatro chrizos” tengan nombre y apellido?
El juicio de la pieza política del caso ERE está previsto que concluya en octubre. La sentencia, en un caso de esta complejidad, con 22 procesados y más de cien testigos, podría tardar más de los dos meses, aproximadamente, que necesita Susana Díaz para convocar unas elecciones.
En Ferraz hay quien piensa que Díaz intentará aprovechar esa ventana que se abre entre el final del juicio y el momento en que el tribunal dicte sentencia para convocar las elecciones, que podrían celebrarse, en tal caso, a final de año, adelantando tres meses el fin de la legislatura.
El PSOE-A de Susana Díaz se aseguraría, así, una campaña electoral sin sobresaltos en relación con el juicio. Sin declaraciones que puedan alterar el discurso, ni una sentencia que pueda (o no, pero eso no se sabrá hasta el final) contradecir el mantra de que los corruptos son los otros.
Una coartada para el adelanto
El argumento esgrimido hasta ahora por Susana Díaz para defender que no habrá adelanto electoral es el de la estabilidad. Los presupuestos están aprobados, y Ciudadanos no le está poniendo las cosas muy difíciles. Pero después del verano hay que volver a negociar los presupuestos del año próximo.
Díaz puede aplazar el inicio de la negociación cuanto desee. Y Ciudadanos, probablemente, le recordará que hay puntos del acuerdo de investidura de 2015 que no se han cumplido. Díaz no necesita que haya inestabilidad, sólo la coartada que le permita aventurar que la estabilidad de que ha gozado durante toda la legislatura se ha esfumado.
Y, en cualquier caso, un adelanto electoral de tres meses siempre lo pondrá defender como que ha agotado la legislatura y que está favoreciendo que el nuevo Gobierno que dirigirá los designios de Andalucía a partir de 2019 pueda disponer de unos presupuestos aprobados por el Parlamento que surja de las urnas y no por uno próximo a disolverse.
La legislatura, en este sentido, ya está agotada, de hecho. La decisión de convocar elecciones no queda, pues, a expensas más que de la voluntad de Susana Díaz.
