Representantes políticos, de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, de entidades financieras, de FAEC, de APIS, de administradores de fincas, de los colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos, de los funcionarios municipales, de Cáritas, de asociaciones de comerciantes, de colectivos antidesahucios y de asociaciones de de personas con movilidad reducida.
Todos ellos se reunieron para avanzar en el Plan de Participación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo con el que el Gobierno municipal quiere dotar de contenido a la Empresa del Suelo Isleña (Esisa), el instrumento creado por los andalucistas en los tiempos de bonanza de la construcción para construir viviendas de todo tipo y ahora en dique seco como mero administrador de lo que construyó hace un decenio.
El gerente y asesor jurídico de Esisa, Juan Ferrer y el director técnico, Ramón García, dieron a conocer a los presentes el trabajo que Esisa viene realizando, “un trabajo analítico”, por una parte, de la población de la ciudad y de las necesidades de vivienda y, por otro, de sus características residenciales, localizando las debilidades (edificios antiguos necesitados de rehabilitación, edificios sin ascensor, vivienda desocupada, localización de la Infravivienda y barrios degradados) y planteando los medios para la solución de estas situaciones.
Los asistentes intercambiaron opiniones que serán muy útiles para, desde la participación, redactar un Plan Municipal de Vivienda y Suelo ajustado a las necesidades de la ciudad. Para fomentar esta participación, además se ha abierto un plazo, que concluirá el próximo 1 de junio, para que los asistentes puedan formular propuestas que sirvan para enriquecer el documento, según una nota de prensa.
“ESISA entiende la vivienda como una necesidad vital para el ciudadano y eso es lo que ha llevado a la Empresa de Suelo desde su inicio a luchar por el derecho que todo isleño tiene a un hogar digno”, dijo la delegada municipal, Maite Lebrero, quien presidió la toma de contacto.
Los responsables municipales buscan motivos para mantener la estructura de una empresa como Esisa que en junio hará años desde la última entrega de viviendas -con retraso, además- y que cuesta 430.000 euros anuales solamente en sueldos.
