En estos momentos la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está redactando un nuevo Reglamento para regular todo lo referente al abastecimiento, saneamiento y depuración del agua de las poblaciones. La iniciativa es encomiable y el borrador conocido contiene propuestas positivas. Sin embargo numerosas y variadas organizaciones representativas de la sociedad civil (sindicatos, asociaciones ciudadanas y de consumidores, ecologistas, técnicos y científicos) han mostrado su insatisfacción por algunos de sus contenidos. En la formulación de principios en los que se basa se echa en falta claridad y actualidad de ideas.
Falta el principio de prioridad de la gestión pública, que es la garante del dominio público y el derecho humano. Falta el principio de planificación, imprescindible para prever, seleccionar y ordenar en el tiempo las inversiones regulares, las situaciones de sequía, la prevención de los impactos futuros del cambio climático. Y falta un definición adecuada del principio de participación social que incluya el derecho de los ciudadanos en intervenir en los procesos de decisión de manera efectiva.
El reglamento establece que para garantizar que a nadie se le corte el agua por motivos económicos o sociales las entidades suministradoras harán anualmente unas previsiones de gasto que en ningún caso podrán exceder el 0,7% de la facturación tarifaria del ejercicio inmediatamente anterior. La expresión que “en ningún caso podrá exceder” es insólita por lo concreta y terminante en un caso abierto a circunstancias tan variables y singulares como este.
Por su parte la dotación de 50 litros/persona/día es claramente insuficiente. Produce una estigmatización de la pobreza ya que el consumo medio en España es de 127 litros. El agua es una necesidad vital, imprescindible, insustituible, un servicio que se presta en régimen de monopolio (solo hay una empresa en cada población). Es un gran negocio (todos somos consumidores cautivos) que los ayuntamientos, agrupados en consorcios si hace falte, saben prestar muy bien.
No se trata de demonizar el papel fundamental de la empresa privada en nuestra economía y sociedad, sino de entender que el agua es un derecho humano y que es responsabilidad inalienable de la administración la prestación del servicio. Una gestión pública diferente a la que se ha producido frecuentemente (opaca, corporativa, a veces ineficiente). Un nuevo modelo de gestión pública como viene definida en el Pacto Social por el Agua aprobado por decenas de ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos de toda España, entre ellos el parlamento de Andalucía (octubre de 2016) y por la Declaración de Cádiz sobre la gestión pública del agua, aprobada el 12 de noviembre de 2017. Sin desconocer avances y puntos de interés, la parte del borrador que conocemos muestra un proyecto que parece diseñado, o que puede servir para consolidar, propiciar y facilitar la gestión privada de un servicio que debe de mantenerse en manos públicas.
