El próximo martes 24 de julio se cumplen cinco años del accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos y 144 heridos a la entrada de Santiago de Compostela en la víspera del Día de Galicia.
Este quinto aniversario se produce cuando son ya siete los investigados por posibles responsabilidades penales en el juzgado que instruye la causa y en medio de los trabajos de la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados para determinar si también hubo responsabilidades políticas.
En este escenario, las víctimas del siniestro reivindican que "la lucha sirve de algo" y volverán a manifestarse en la capital gallega, desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro.
En concreto, los actos, organizados por la plataforma, darán comienzo ya este lunes 23 de julio, a las 18,00 horas, con una asamblea y reunión informativa para asociados y afectados en el Auditorio de Galicia del campus norte.
El martes 24, día del quinto aniversario, tienen convocada una manifestación (a la que, como al resto del programa, se ha sumado la asociación Apafas) que arrancará a las 11,00 horas y que, un año más, terminará frente a la Catedral con la lectura de un manifiesto.
A las 18,00 horas habrá una misa en la colegiata de Sar y a las 19,00 horas tendrá lugar el homenaje en el campo de la fiesta de Angrois, donde elevarán sus demandas de "verdad y justicia".
Para el 25 de julio, a las 12,00 horas, dejarán el encuentro familiar en el denominado 'Xardín do recordo' del Pazo do Faramello, en el municipio vecino de Rois.
"GRACIAS A NUESTRO EMPEÑO"
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, afirma que afrontan los cinco años del accidente con la satisfacción de que, "gracias" a su "empeño" y al apoyo que consiguieron de Europa, ahora mismo son siete las personas investigadas por imprudencia profesional grave: dos altos cargos de Adif, uno de Renfe, tres técnicos de Ineco y el maquinista.
De hecho, el juez llegó a tomar la decisión en octubre de 2015 de cerrar el caso con el conductor como único investigado (circulaba con un exceso de velocidad poco antes de la curva de A Grandeira), pero la Audiencia Provincial le ordenó reabrirla para dilucidar si hubo responsabilidades por un análisis de riesgos deficiente.
"Si no llega a ser por nosotros, se habría cerrado solo con el maquinista", advierte Domínguez, quien, la semana pasada en la comisión de la Cámara Baja, denunció una "cacería" del Gobierno a Francisco Garzón, que en su comunicación con Atocha tras el descarrilamiento señalaba que ya se lo había dicho "al de seguridad (...) que esto era muy peligroso, que esto iba a pasar".
El portavoz de las víctimas reflexiona sobre que el hecho de que haya sido necesaria su movilización permanente para llegar a que haya siete investigados y una comisión de investigación en las Cortes "debería dar que pensar sobre las instituciones" del Estado español.
De hecho, junto a Garzón, únicamente el director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, figuraba como investigado hace tan solo un año, durante el cuarto aniversario. En octubre de 2017, el magistrado decidió imputar a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, así como a tres miembros de la consultora pública Ineco.
Ya en febrero de este año 2018, las imputaciones se ampliaron con otros dos cargos de Adif, uno de ellos fallecido. El otro, el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón, está citado en sede judicial el próximo 12 de septiembre, después de que la huelga de empleados públicos de la justicia obligase a suspender varias comparecencias.
A LA VUELTA DEL VERANO
Y será en otoño cuando la comisión de investigación retome sus labores, después del paso de las víctimas, el maquinista, el interventor y varios cargos de Renfe durante este mes de julio. Entonces será el turno de altos cargos y también de los dos exministros salpicados por la tragedia: el socialista José Blanco, actualmente eurodiputado, y la popular Ana Pastor, presidenta del Congreso.
Al respecto, Domínguez exige "luz y taquígrafos", tras detectar "un poco de temor" y ya que "lo último" que los afectados quieren es "que se oculten las cosas", después de lo ocurrido con el documental 'Frankenstein 04155' y con el mencionado audio del maquinista.
También a la vuelta del verano, ya en septiembre, la plataforma será recibida por el nuevo ministro, José Luis Ábalos, al que le reclamará el cese de los cargos investigados y que previsiblemente estará acompañado por el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas. La nueva responsable de Adif, por su parte, es la gallega Isabel Pardo de Vera, quien fue directora de obra de los accesos a Santiago.
Ábalos acaba de reunirse con la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quien, a su vez, le pidió la que será una de las principales demandas de las víctimas: una investigación técnica independiente, en contraposición de la realizada por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que solo culpa al maquinista.
En una intervención reciente en comisión, además, Ábalos diferenció entre obra y puesta en servicio, ya que esta última "tiene que ver con la seguridad". "Yo daría un consejo: antes de poner en marcha un servicio, garanticemos la seguridad. Vale la pena esperar, a veces vale la pena esperar, si con eso nos ahorramos algún disgusto. Que no nos pase algo que ya nos ha pasado", expuso.
