El Gobierno acaba de aprobar el techo de gasto, incrementándolo en 5.230 millones para 2019 con respecto a 2018. Igualmente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha anunciado un aumento de dos décimas en los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Comunidades Autónomas, que se traduce en 2.500 millones. Y en la Comisión Nacional de Administración Local ha explicado que se está estudiando la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a participar en programas de desarrollo a través de fondos europeos.
Bien, vayamos por partes. El Gobierno ha conseguido de Bruselas una cierta relajación en los objetivos de déficit y deuda pública porque los números del conjunto de Administraciones Públicas han ido cuadrando en los últimos años, pero ello ha sido gracias al superávit continuado y acumulado de la Administración Local. ¿Y cuál es su comportamiento?, pues repartirse el resultado entre el Estado, que es el mayor incumplidor de los objetivos de déficit, y las Comunidades Autónomas, que nunca tienen suficiente.
Es decir, mientras para los Ayuntamientos, que es gracias a quienes se ha conseguido esto, se va a estudiar en qué pueden gastarse el superávit para el resto de Administraciones Públicas se habla de aumentar el déficit. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien: Esto es como si unos padres anotan a su hijo en una competición y la gana, pero el premio se lo reparten entre los padres y sus amigos mientras que al hijo le prometen que si se sigue portando bien y sigue ganando competiciones a lo mejor le dejan que se compre algo con sus ahorros.
Pero en la Comisión Nacional de Administración Local se ha hablado de más cosas, como estudiar dotar de mayor transparencia la regla de gasto para los entes locales, encargo éste que se hará al grupo de trabajo ya constituido entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP. Pues bien, de este grupo, que el anterior Gobierno denominó Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local, quisiera decir algo. Es curioso que se llamase Comisión de Expertos a un grupo de trabajo en el que no hay ningún experto, entendido como con experiencia práctica de la Administración Local.
Se trata de un grupo formado íntegramente por profesores universitarios que sabrán mucho de teoría, de datos oficiales, de lo que está en los libros, etc. pero no saben lo que se siente desde el sillón de un Interventor municipal, de los que he echado en falta su presencia en este grupo, por lo que el trabajo realizado es muy bueno como propuesta de modificación de la Ley de Haciendas Locales pero en ningún caso como propuesta de modelo de financiación local.
Y es una verdadera lástima haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo para no sólo quedarse a medio camino y dejar de recorrer el más complejo y a la vez urgente. También se ha anunciado la constitución de otro grupo de trabajo entre el Ministerio de Política Territorial y la FEMP para la revisión de las competencias municipales, tan afectadas negativamente por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y seguro que tampoco en ese grupo habrá secretarios municipales, que no sólo conocemos al dedillo la problemática en esta materia sino que somos verdaderos expertos en ella, pues al fin y a la postre somos los que tenemos que informar sobre la aplicación de la Ley y el ejercicio de dichas competencias.
Sinceramente no alcanzo a comprender el porqué tanto desde el Gobierno como desde los representantes de los alcaldes se desaprovecha sistemáticamente el enorme caudal técnico y humano de los profesionales sobradamente preparados que con una dilatada y contrastada experiencia puede aportar el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. En definitiva, las trazas no cambian. Tenemos nuevo Gobierno, pero parece que las malas costumbres se heredan.
