El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmado este miércoles "el proceso de restitución" del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) y ha expuesto que, estudiando caso por caso, tratarán de volver a incorporar a todos los trabajadores que fueron despedidos cuando el Gobierno central ordenó su cierre --17 personas--.
Lo ha dicho en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat después de presidir la primera reunión el organismo, que el Govern ha vuelto a poner en marcha este miércoles después de que el Gobierno central anunciara su liquidación en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Torra ha agradecido la labor que desempeñó durante cinco años el secretario general del Diplocat, Albert Royo --cesado con el 155--, y ha explicado que no continuará por motivos profesionales: le sustituirá temporalmente la secretaria general de Acción Exterior, Natàlia Mas, mientras buscan a un sustituto definitivo.
Ha explicado que el Diplocat tiene que ayudar a "explicar Catalunya al mundo" desde la pluralidad, y ha asegurado que el Govern buscará no solo reactivar el organismo, sino potenciarlo, ya que lo consideran una herramienta fundamental de la acción exterior de la Generalitat.
Ha criticado que la disolución que ordenó el Gobierno central fue "ilegal", ha reivindicado que no se llegará a materializar por la reacción del Govern, y ha cuantificado en 750.000 euros los daños que ha supuesto la decisión del Estado de tratar de cerrar el organismo.
El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha celebrado la reunión de este miércoles: "El Diplocat está formalmente y jurídicamente reactivado. Era lo que nos tocaba hacer", y ha avanzado que el siguiente objetivo es volverlo a poner a pleno rendimiento.
Los siguientes pasos, ha continuado el conseller, serán elaborar un plan estratégico, recomponer al equipo y proponer a un nuevo secretario general, algo que se ha comprometido a tener hecho antes de finales de año y a aprobar en una nueva reunión.
JOSEP BORRELL
Maragall se reunió el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y ha explicado que éste no solo no le transmitió ningún mensaje de oposición al Diplocat, sino que ni tan siquiera se mencionó el tema en el encuentro, según su versión.
"El Diplocat está fuera de cualquier duda, tanto, que ni salió en la reunión. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad tanto como Generalitat como de las instituciones que forman parte --tiene 21 patrones--. Nadie más puede tomar decisiones sobre el Diplocat. Es sabido y reconocido", ha concluido.
DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO
Aparte del Diplocat, la Generalitat está inmersa en la reapertura de varias delegaciones en el extranjero, y Maragall ha explicado que en la reunión con Borrell también tuvieron un "debate formal y de procedimiento" sobre esta cuestión.
El Govern entiende que está en su derecho de reabrirlas y asegura que realizará los pasos necesarios que son preceptivos ante el Ministerio: ha confiado en que el Gobierno central no pondrá obstáculos, ya que sería "generar una tensión más artificial que real".
También ha explicado que la reapertura de nuevas delegaciones sigue el calendario previsto y que a partir de septiembre informarán de nuevos pasos en este sentido y de la apertura de concursos públicos para acceder a las nuevas plazas de estos organismos.
TRAYECTORIA
El Diplocat tiene su origen en el año 1982 con el Patronat Català Pro Europa, que el 2007 se convirtió en el Patronato Catalunya Món, y el Govern expone que es un instrumento para impulsar la proyección de Catalunya al exterior y promover la competencias en este ámbito que tiene recogidas el Estatut.
El Gobierno central decidió, durante la intervención de la autonomía catalana, liquidar el organismo al entender que era un engranaje más a favor de la independencia y todos sus trabajadores fueron despedidos, pero el Govern anunció en junio que frenaba la liquidación y se disponía a reactivarlo.
El Diplocat es un consorcio público-privado en el que participan, aparte de la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, las diputaciones, las asociaciones de municipios catalanes, universidades, Fomento del Trabajo y Pimec, entre otras entidades.
