Anda la Ministra Celaá, de Educación, como todo el Gobierno de Sánchez, que viene y va, dice y se desdice, en dimes y diretes consigo mismo, contradiciéndose. Es lo que pasa cuando uno no tiene programa y no le queda otra que improvisar. Lo peor es que, en estos casos, uno busca el calor de lo que conoce, su zona de confort, donde acostumbra a desenvolverse. Y así este Gobierno, que parece incapaz de dar respuesta a ninguno de los problemas actuales, se afana en desempolvar trabas del pasado en las que se siente en casa.
Y vuelven a aparecer los comodines del PSOE y de la izquierda de siempre: la guerra civil, Franco, reducir la concertada, atacar a la Iglesia, … En Educación, la Ministra Celaá inicialmente llegó con un mensaje conciliador, de estabilidad, de respeto a la enseñanza concertada, pero duró bien poco; empezaron las comparecencias en el Congreso (alguna muy reciente) y con ellas la alarma social. A mí esto se me antoja semejante a cuando a alguien le preguntan: “¿y tú cómo estás?”, y responde dispuesto: “bien, … sin entrar en detalles”.
Porque esta Ministra afirma que no hay conflicto con la concertada y su existencia, y hasta ahí bien, pero empieza a argumentar (esos malditos detalles) y acaba cuestionando la libertad de enseñanza; diciendo que la elección de las familias no es un derecho ni se enmarca en la Constitución (obviando texto e interpretaciones del TC); pretendiendo eliminar la demanda social como factor a valorar en la programación de los puestos escolares (es decir, que no se va a tener en cuenta las elecciones de los ciudadanos en educación para fijar dónde deben estar esas plazas); diciendo que la Administración tiene que garantizar el derecho a la educación o acceso universal a la enseñanza (esto es cierto) pero solo con sus centros (esto no lo es, y no existe un derecho a la educación pública); falseando la historia al afirmar que la concertada nació para la escolarización donde la pública no llegaba (basta leerse el preámbulo de la LODE para ver que su origen está en el ejercicio de la libertad de enseñanza, la elección de tipo o modelo de educación distinto al de los centros de titularidad de la Administración pública, y no en el derecho a la educación); y con ello, recuperando el que la concertada es subsidiaria de la pública, y no complementaria (a pesar de la abundante y consolidada jurisprudencia del TS). También, faltaría más, toca otras de las obsesiones socialistas: la enseñanza de la religión y la educación diferenciada.
Lo cierto es que la Ministra vuelve a explotar el tópico del enfrentamiento pública- privada concertada, conflicto ficticio que no existe realmente en la sociedad, y que, lejos de lo que se pueda pensar, no beneficia a la escuela pública (escuela que nadie cuestiona), porque basar la defensa de la misma no en su calidad, en sus procesos y resultados, sino en eliminar las alternativas, no en potenciar que los padres la elijan por encima de otras, sino en obligarlos a hacerlo, porque no les queda otra opción, desprestigia una escuela, cuyas comunidades educativas demuestran estar muy por encima de sus gestores políticos.
No debe confundirse la defensa de una escuela pública y de calidad, con la defensa de una escuela pública única y excluyente. Me temo que este Gobierno, lejos de intentar solventar los problemas que tiene la educación española, graves, profundos y estructurales, que generan desasosiego en la sociedad, agotamiento en los docentes y nos sitúan siempre en posiciones escandalosas en todos los estudios internacionales, prefiere buscar soluciones a problemas no existentes, o, lo que es peor y supone una falta absoluta de responsabilidad, generar nuevos problemas en la difícil situación educativa.
Y encima la Ministra refiere la necesidad de acuerdo. Sorprende, porque antes de acabar la frase ya habla de cambios inminentes y urgentes en la LOMCE que evidentemente no van a ser fruto del consenso, y porque no hace tanto que el grupo socialista se levantó de la Mesa del Pacto Político y Social por la Educación (tras 2 años de trabajo y más de 80 comparecencias) y lo boicoteó, alegando que no podría avanzarse un acuerdo sin financiación específica. Hoy pretenden reformar la norma sin consenso y sin esa financiación que era, según ellos, tan necesaria.
