El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería acoge el próximo día 21 la vista oral contra el administrador de la mercantil Abakan Formación S.L., para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión en el marco de una de las causas incoadas por presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El Ministerio Público atribuye a J.M.M.R.C. la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público ya que, entre otras actuaciones, alteró supuestamente los partes de asistencia para no perder la subvención de casi 90.000 euros concedida para la celebración del curso 'Técnicos de Sistemas Microinformáticos". El juicio será a las 9,30 horas.
El escrito de calificación provisional, indica que la Dirección Provincial del SAE en Almería acordó, en resoluciones de 21 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011, la concesión de subvenciones en virtud del programa 3D de formación para el empleo, estableciendo en la normativa aplicable los requisitos que debían cumplir los beneficiarios de la subvención.
En la primera de las resoluciones, publicada en BOJA, se incluyó un listado de mercantiles a las que se concedían estas subvenciones y en el que se encontraba Abakan Formación S.L. con una ayuda de 89.856 euros.
El acusado, según añade el fiscal, fue quien solicitó la subvención ya que ostentaba la dirección y la organización del curso de formación a realizar en el ámbito del programa del SAE.
Recuerda el escrito de calificación que, con motivo del informe emitido por la Cámara de Cuentas relativo a la 'Fiscalización de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional en el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004.
Ejercicios 2009-2010', se detectaron diversas irregularidades que afectaban, entre otros aspectos, a la falta de control sobre la efectiva aplicación de la actividad formativa, y justificación y liquidación de las subvenciones.
En relación a Abakan Formación S.L. y tras la correspondiente investigación policial en el marco de la conocida como operación 'Edu', el fiscal señala que "efectivamente se constató que se habían alterado documentos referentes tanto al profesorado del curso como a los alumnos que habían recibido el mismo, entre otros aspectos".
Así, desgrana que, tras publicarse en la página web del SAE la realización de este curso, procedió J.M.M.R.C., como responsable de la mercantil, a recibir y tramitar las solicitudes de las personas que como alumnos habrían de asistir, "siendo requisito necesario la existencia de un número mínimo de alumnos".
El curso se inició el 15 de noviembre de 2015, por lo que incorporó al expediente administrativo la relación de monitores y horas que como docentes habrían de impartir, en concreto, tres, incluido él mismo.
Sin embargo, una de estas personas, "cuyos datos tenía porque había colaborado en otra ocasión" con Abakan Formación S.L., "no tuvo participación alguna en el curso" pese a lo cual J.M.M.R.C. habría remitido a la Consejería de Empleo una ficha de monitor con esos datos "imitando la firma de este" y un documento de programación didáctica del curso en relación a uno de los módulos, "en el que fue igualmente imitada su firma como docente".
El fiscal señala, asimismo, que el acusado habría "alterado" los partes de asistencia que servían para justificar ante la Junta el destino del importe de las ayudas y el cumplimiento de los requisitos exigidos y que lo hizo "incluyendo firmas de alumnos que habían dejado de asistir al curso" ya que, de los diez que lo iniciaron, sólo tres de los estudiantes completaron la formación "con el consiguiente riesgo de perder la subvención".
Estos alumnos, cuya firma se incluyó presuntamente de forma fraudulenta en esos partes en hasta 27 ocasiones en algunos casos, fueron calificados además como "aptos" en la documentación remitida a la Consejería de Empleo.
El Ministerio Público acusa, asimismo, a J.M.M.R.C. de "imitar" la firma de uno de los dos socios, que, pese a figurar en el Registro Mercantil como administradores, se había desvinculado de la empresa años antes y carecía, por tanto, de "relación alguna con la realización del curso".
"Pese a esto, presentó en el expediente del curso un documento en el que este exsocio certificaba que en la Junta General Extraordinaria se le había autorizado a solicitar y coordinar la subvención a la Junta de Andalucía cuando no tuvo participación y no se celebró junta de socios alguna", concluye.
Al margen de la pena privativa de libertad, el fiscal, en su escrito elevado al Juzgado de Instrucción 1, que ya ha dado traslado a la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, pide la imposición de una multa de diez meses con una cuota diaria de nueve euros.
